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Chile busca acercar servicios de salud a adolescentes

En los últimos cinco años, el número de adolescentes con VIH aumentó en 86 por ciento, alarmante cifra que motivó a autoridades chilenas a pensar en mayor y mejor acceso a servicios para este grupo poblacional.

Un proyecto de ley pretende que los adolescentes accedan al test de VIH sin el consentimiento de un adulto. La iniciativa legal que modifica la ley de Sida cuenta con el apoyo de todos los sectores políticos y es respaldada por diversas organizaciones de la sociedad civil, ya que es vista como una oportunidad para avanzar en la prevención integral dirigida a los adolescentes, tendiente a eliminar las brechas de acceso afectan a los y las jóvenes en el sistema público de salud.

El proyecto de Ley presentado por un conjunto de Senadores de todos los sectores políticos, fue ampliamente acogido en el Senado luego de la aprobación los primeros días de setiembre por parte de la Comisión de Salud y el acuerdo con el Ejecutivo de redactar una indicación orientada a apoyar debidamente al menor cuyo test de VIH sea positivo.

Según estimaciones, en Chile el número de adolescentes que vive con VIH-Sida sería mucho mayor al que se conoce oficialmente, entre otros factores, por los obstáculos que desalientan a los menores de edad a realizarse el examen de detección, debido a que la ley de Sida, en su artículo 5°, establece que «el examen para detectar el virus de inmunodeficiencia humana será siempre confidencial y voluntario, debiendo constar por escrito el consentimiento del interesado o de su representante legal«. Como consecuencia de esta restricción, durante el año 2014, de 570.776 exámenes procesados, sólo 64.515 correspondieron a jóvenes entre 10 y 19 años, a pesar de que se estima que este grupo de edad es altamente afectado por la epidemia.

Un punto central en la discusión del proyecto, tiene relación con la capacidad de los adolescentes de tomar decisiones respecto a su sexualidad, en ese contexto Fundación Iguales sostuvo que un adolescente es un individuo capaz de comprender y exigir sus derechos y, por lo tanto, también de asumir su responsabilidad frente a un procedimiento de detección de la enfermedad. En virtud de ello, las medidas deben estar dirigidas a afrontar la realidad nacional en esta materia, en la que se constata un inicio cada vez más precoz en la actividad sexual de los adolescentes, realidad que se refuerza con los datos de la última encuesta nacional de la Juventud que precisa que el inicio de actividad sexual de los jóvenes sería en promedio a los 15 años, aunque la tendencia muestra un inicio cada vez más precoz, el estudio señala que cerca de un 70 de los jóvenes encuestados declaró haber tenido relaciones sexuales penetrativas, donde menos del 50% utilizó el preservativo como método de prevención.

Ello ha significado que, si bien el grupo más afectado continúa siendo la población entre 20 y 49 años de edad, los adolescentes presentan uno de los mayores incrementos porcentuales en la prevalencia, toda vez que en el último quinquenio, en este segmento el número de infecciones aumentó en 86%, si se compara con el quinquenio anterior, según datos del último informe nacional de evolución del VIH-Sida en Chile.

En este sentido, UNICEF ha sido enfática en  reconocer el derecho de los adolescentes a saber sobre VIH/SIDA, entendido como el acceso a información sobre sexo y sexualidad; a datos básicos sobre el VIH/SIDA y de otras infecciones de transmisión sexual; al conocimiento de las habilidades que permitan protegerse; a conocer su estado serológico respecto al virus; a saber dónde encontrar apoyo afectivo y psicológico; a conocer los programas de educación sobre VIH para adolescentes y poder participar en ellos, y a tener claridad sobre sus derechos

Por otra parte, es preciso sumar a la discusión, la importancia de la consejería y el rol de acompañamiento por parte de los equipos de salud y las herramientas de apoyo y contención; ya que muchos adolescentes de los colectivos de la diversidad sexual, generalmente, se hacen el test a escondidas de sus padres o adulto responsable a quienes, en caso de resultar positivo, además de confiar su condición de VIH+, deben reconocer en muchos casos su condición sexual. De ahí la importancia de fortalecer el Servicio de orientación y eliminar las brechas y falencias existentes dentro del sistema de salud, contar con protocolos y orientaciones clínicas precisas, además de un proceso de capacitación del personal que brinde atención a adolescentes y jóvenes.

Por otro lado, es fundamental que el país adopte un plan nacional de Educación sexual, que aborde temas de afectividad y sexualidad a la luz de las orientaciones internacionales en materia de Derechos Humanos. Chile suscribió la declaración “Prevenir con Educación”, instrumento internacional que –desafortunadamente- no cuenta con una aplicación práctica en la realidad nacional; la educación sexual no es transversal dentro del curriculum de formación de los docentes y educadores y mucho menos dentro de los planes de educación dirigidos a los jóvenes y adolescentes.

La regulación que se plantea en este proyecto es un avance significativo, pero por si solo no basta para generar un ambiente propicio que permita que los adolescentes accedan en forma adecuada a la información y adquieran herramientas de autocuidado, que les permita enfrentarse a los riesgos y desafíos que la falta de la educación integral en sexualidad, puede significar en sus vidas y en su desarrollo posterior.

El primer trámite constitucional de la iniciativa legislativa ha concluido, ahora le toca ser analizada por la cámara de diputados; aunque es difícil aventurar una fecha de aprobación y confiamos que su tramitación será expedita.

Esta iniciativa legal es una oportunidad para el reconocimiento y autonomía en los derechos, deberes y responsabilidades de los adolescentes y jóvenes que les permita participar en la toma de decisiones que afectan su salud, de manera informada, que respete su derecho a la confidencialidad y a la vida privada. Será fundamental que el Estado establezca servicios de salud adecuados, presupuestos coherentes para efectuar políticas de prevención,  el diseño de un protocolo reglamentario que trate con especificidad la situación de los adolescentes que acceden al examen de detección del VIH y una articulación precisa y coordinada con todos los actores relevantes en la respuesta nacional al VIH.

País: Chile

Acerca del autor

Michael Diaz

Activista - Promotor de los Derechos Humanos | Chile
Organización: Coordinadora Nacional de Atención del VIH/Sida

Activista y promotor de los Derechos humanos, fundador de la Coordinadora Nacional de Atenciòn del VIH/Sida.

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