Hace varios años, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó el uso de dolutegravir junto a otros dos medicamentos como tratamiento preferido de primera y segunda línea para todas las poblaciones. Así, los países fueron migrando hacia regímenes que incluían este medicamento; sin embargo, Colombia se quedó detrás debido a una patente que encarece el producto en ese país y limita el acceso.
El 2 de junio, el Ministerio de Salud, en uso de sus facultades, inició el proceso administrativo de declaratoria de existencia de razones de interés público para someter las patentes de los medicamentos cuyo principio activo es el dolutegravir a licencia obligatoria.
Una licencia obligatoria permite que el país acceda a productos genéricos para sus programas públicos que brindan tratamiento antirretroviral, reduce el gasto y permite ampliar los beneficios a más personas que requieren medicamentos.
El acceso a dolutegravir en Colombia constituye un particular problema para las personas venezolanas migrantes, ya que tanto en Venezuela como en Ecuador y Perú se provee tratamientos basados en este medicamento y al atravesar el país cafetalero, en caso puedan acceder temporalmente a antirretrovirales, se ven obligadas a cambiar su tratamiento para luego modificarlo nuevamente en los otros países, sea que estén de tránsito o sea su destino final.
Es importante anotar también que, según la OMS, “el DTG es más eficaz, más fácil de tomar y tiene menos efectos secundarios que los medicamentos alternativos que se usan actualmente. Además, tiene una alta barrera genética a la aparición de resistencia, hecho importante dada la creciente tendencia a la resistencia al EFV y a los tratamientos basados en la nevirapina”.
Luego del anuncio del Ministerio de Salud, en la Resolución 881 de 2023, organizaciones de la sociedad civil de la región se pronunciaron para elogiar la decisión de ampliar el acceso a tratamiento para VIH. A través de una carta pública al ministro señalaron que “Una declaración que conduzca a licencias obligatorias puede facilitar la competencia genérica, reducir los precios y aumentar el acceso a los medicamentos”; asimismo, instaron a las autoridades competentes a proceder con la declaración de interés público, primer paso para el trámite de la licencia.
La carta señala también que “los altos precios de los medicamentos patentados imponen una carga importante a los sistemas de salud, lo que lleva al racionamiento del tratamiento y otros servicios de salud”. Para la respuesta al VIH, esto limita la respuesta y representa una barrera para alcanzar la meta de eliminar el VIH como un problema de salud pública para el 2030.
En Colombia, más de 126.000 personas usan terapia antirretroviral y muchas de ellas podrían beneficiarse del acceso a dolutegravir. La emisión de una licencia obligatoria está amparada en el derecho y las políticas internacionales para promover el interés público y, en particular, el derecho a la salud. El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio establece claramente la facultad de los países a expedir estas licencias y la «Declaración de Doha» reafirma que las normas de la OMC «deben interpretarse y aplicarse de manera que apoyen el derecho de los Miembros de la OMC a proteger la salud pública y, en particular, a promover el acceso a los medicamentos para todos».
La Oficina de ONUSIDA para los Países Andinos (Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia) también se pronunció a propósito de este trámite en marcha: «Esta resolución es un paso adelante para brindar un acceso igualitario y sostenible a las mejores opciones de tratamiento del VIH para todas las personas que viven con el VIH en Colombia, tanto nacionales como migrantes. Esta acción muestra el compromiso del gobierno de cerrar la brecha de tratamiento con medicamentos esenciales de calidad garantizada, asequibles, fáciles de tomar y muy bien tolerados», dijo Andrea Boccardi, directora de dicha oficina, en una comunicación oficial. Boccardi también destacó que el gobierno había emitido en 2021 directrices nacionales en línea con las recomendaciones de la OMS, pero los precios de dolutegravir han representado un obstáculo para ampliar su uso.
La patente de dolutegravir concedida a ViiV en Colombia expira en 2026; de darse una licencia obligatoria, el país podría acceder en un plazo casi inmediato a medicamentos genéricos y garantizar así un mejor tratamiento para sus ciudadanos y para las personas migrantes que lo requieran. Desde las organizaciones de sociedad civil se ha expresado todo el apoyo a este proceso.
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