El proyecto ““Costa Rica, un modelo sostenible de Prevención Combinada y Atención a la Población de Hombres que tienen Sexo con Hombres y Mujeres Trans«, conocido como Proyecto VIH-CR, que contó con el financiamiento del Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria, entra a su fase de transición, lo cual traerá desafíos y retos muy importantes para alcanzar las metas establecidas en la estrategia 90-90-90.
El proyecto llegó con educación y atención oportuna e inclusiva a 10,000 hombres que tienen sexo con hombres y 400 mujeres trans; se realizaron 4 425 pruebas rápidas de VIH a dichas poblaciones que han estado siempre muy estigmatizadas y en mayor vulnerabilidad. Estas acciones se continuarán fortaleciendo en la etapa de transición y se involucrará a más actores relevantes para la respuesta.
La articulación entre el sector público y la sociedad civil fue un aprendizaje de trabajo que debe destacarse de este proyecto, se alcanzó una responsabilidad y un compromiso por parte de distintas instancias gubernamentales y de los líderes de las diferentes organizaciones que pusieron todo el empeño en las tareas y demostraron una autonomía, experiencia y capacidad para la resolución de problemas.
Para Laura Sánchez, directora del proyecto, los principales desafíos en la implementación fueron la coordinación entre organizaciones de sociedad civil y gobierno, pues esto no es usual, y el fortalecimiento de las organizaciones de sociedad civil en cuanto a mayores capacidades en gobernanza, estructura organizativa, administración de proyectos, comunicación, mercadeo, etc.
Se puede decir que con esta implementación el país ha tenido progresos significativos en la respuesta nacional a la epidemia del VIH, con la inclusión de la sociedad civil organizada, con elementos del sector público y con el apoyo de organizaciones internacionales y la cooperación del Fondo Mundial.
Ahora, el país se prepara para dar paso a una segunda ronda de continuidad: la transición en sí misma, con algunos retos para la sostenibilidad financiera de las organizaciones de sociedad civil, en lo cual el Estado también tiene responsabilidades. “Tenemos que lograr que las organizaciones accedan de manera real y efectiva a los recursos que por ley están dispuestos de las ganancias de la Junta de Protección Social para las organizaciones que trabajan en VIH. Además, otro de los mayores retos es que las instituciones estatales continúen haciendo lo que hasta ahora, en términos de prevención y atención, lo cual significa seguir invirtiendo al menos lo mismo -idealmente más-, en una coyuntura de déficit fiscal”, indicó Sánchez.
Sin embargo, acceder a estas utilidades no es fácil, hay todo un mecanismo, a veces es muy engorroso para las organizaciones de la sociedad civil, pero se espera que durante esta etapa de transición, se mejoren los procesos, haciéndolos más ágiles y eficaces para acceder a los fondos.
Esta nueva fase va hasta julio del 2019 y tendrá una cobertura en 13 cantones de la gran área metropolitana, descentralizando la atención y llegando a la población clave de otras áreas que no han podido ser atendidas de manera integral. El Estado, como tal, debe mirar de cerca las acciones que se están realizando y se realizarán en los próximos meses para hacer la sostenibilidad una realidad.
Costa Rica 
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