Graciela Touzé es la Directora Ejecutiva de Intercambios Asociación Civil (Argentina), que trabaja en el estudio y la atención de cuestiones relacionadas con el uso de drogas. “La epidemia actual es la del estigma y la discriminación”, dijo Graciela al inicio de su intervención. Y agregó que “los daños ya no están asociados al uso de las drogas sino a las políticas de drogas, y hasta dónde éstas son acordes a los derechos humanos.”
El uso de drogas constituye un fenómeno plural, con múltiples manifestaciones según el contexto histórico, político, económico y cultural, los significados que se le asignan a los sujetos y a las diferencias entre las sustancias. Sin embargo, se suele homogeneizar a los sujetos y a las sustancias. La prohibición aparece como el concepto encrucijada. Sobre la prohibición se construye la idea de las drogas como sustancias prohibidas y su uso se constituye como un desvío. Es desde este concepto que se construyen las políticas de drogas.
Touzé explicó que hay una clara intersección de dos lógicas: la sanitaria y la punitiva. El tratamiento no es integral y, lejos de beneficiar a los usuarios, se incrementan los riesgos porque los usuarios se ven expulsados de los sistemas como producto del estigma y la discriminación. Las leyes actuales son resultados de viejas convenciones, siendo la primera la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, que resuelve la prohibición de las plantas de amapola y opio. A más de cincuenta años de esta convención podemos decir que la política actual de drogas ha fallado.
Las consecuencias se ven en los usuarios y en el sistema. Estigma y marginalidad son moneda corriente para los usuarios. El mercado ilegal es controlado por organizaciones delictivas. Existe un gran deterioro de esfuerzos para reducir el VIH y las políticas son más una traba que un apoyo. La diferencia entre el sistema de control y los derechos humanos es evidente. Esta evidencia no se hace tan clara en las convenciones ni en los organismos internacionales que trabajan en el control de las drogas.
La violación a los principios de no discriminación, protección de los más vulnerables y empoderamiento son el resultado de esta política de drogas especialmente punitiva a nivel latinoamericano. “Son principios que no están presentes ni se hacen evidentes en las políticas de drogas”, sostuvo la representante de Intercambios.
El paradigma prohibicionista sostiene un triángulo poco real cuyos vértices son la abstinencia como ideal normativo, la desintoxicación y la erradicación de las drogas del mundo como horizonte político. El último punto es especialmente irrisorio por el poder político y económico ejercido por el narcotráfico. La guerra contra las drogas que damos por fallida suma consecuencias para el conjunto de la sociedad. Un cambio de paradigma se hace inminente, presentando así la necesidad de dejar de hablar de “guerra contra las drogas” para pasar a un “vivir con las drogas”.
El nuevo paradigma plantea medidas más viables y acordes a las necesidades de la población: la mesura como ideal normativo, la diversificación de la oferta de cuidados para quienes usan drogas y la reducción de riesgos generados por la oferta masiva de las drogas y sus usos.
El impulso del debate internacional es fundamental. La Comisión Global sobre Políticas de Drogas se origina a partir de la comisión latinoamericana y busca hacer efectivo este debate. Su principal objetivo es llevar al plano internacional una discusión con base científica sobre formas humanas y efectivas de reducir los daños. El foco actual está en Latinoamérica con las iniciativas legislativas propuestas en el último tiempo. Touzé sostiene que quebrar el tabú y animarnos a discutir sobre drogas es absolutamente necesario.
La guerra contra las drogas tiene grandes consecuencias para las personas viviendo con VIH. El suministro de jeringas es restringido, existen prohibiciones a las terapias de sustitución, y las condiciones de encierro en casos de internación son deplorables. Si bien no existen evidencias de interacciones entre antirretrovirales y drogas (solo algunos ARV generan conflicto con la heroína y la metadona) se utiliza esta excusa para demorar el inicio del tratamiento en personas viviendo con VIH que son usuarios de drogas. Cabe destacar que los posibles problemas de adherencia no son excusa válida para negar el tratamiento.
El fracaso de la guerra contra las drogas está a la vista. La política actual está provocando una seria epidemia de estigma y discriminación que nos vulnera a todos y todas. Un debate responsable sobre políticas de drogas es menester para un cambio de paradigma que busque soluciones reales a una problemática con múltiples aristas de impacto en la población.
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