En la última jornada del X Simposio Sida 2010 las legislaciones vinculadas a la temática fueron uno de los principales eje de debate. Ley Integral de Educación Sexual, Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la derogación de los códigos contravencionales, el rol del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI); todo fue motivo de debate. Es que, en teoría, todo debería funcionar ¿pero qué pasa en la práctica?
El INADI, ¿un organismo en contra de la discriminación que discrimina?
Gustavo López, asesor legal de INADI, fue el encargado de iniciar la presentación. En su discurso manifestó la lucha del organismo por concientizar a las personas y “hacer entender a la sociedad que todos los prejuicios son malos”. Todo transcurrió normalmente hasta que llegó el turno de Elena Reynaga, Presidenta de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), que, antes de comenzar su disertación sobre las derogaciones de los códigos civiles, denunció el tratamiento del INADI hacia la población de trabajadoras sexuales: “Nunca tuvimos un espacio en el Foro de ONGs que organiza el INADI, porque la ex presidenta del organismo, María José Lubertino, decía que el trabajo sexual no era un trabajo. Cuando asumió el nuevo presidente (Claudio Morgado) pensamos que las cosas iban a cambiar, pero nos equivocamos. Entonces ¿de qué discriminación estamos hablando? Si el organismo nacional que lucha contra la discriminación nos está discriminando”, manifestó. Habrá que esperar a ver si, a partir de esta denuncia pública, hay respuestas formales.
La Ley de Salud Sexual y Procreación responsable: ¿qué pasa en las provincias?
Con el objetivo de disminuir la mortalidad materno infantil, contribuir a la prevención y detección temprana de VIH/SIDA y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) y de garantizar el acceso de la población a los métodos anticonceptivos y de prevención; fue derogada en 2001 la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable. “La prioridad es disminuir las brechas que existen en el acceso a la prevención y a una atención de calidad”, explicó Carlota Ramírez, del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
Sin embargo, Ramírez reconoció que “hay un brecha entre las normativas y su práctica”, al menos ese el principal motivo por el cual la gente se comunica con la línea telefónica gratuita del programa: porque las normativas no se cumplen. Esto se da con más rigurosidad en las provincias, en donde las oportunidades son aún menores que en las ciudades: “Las estadísticas nos demuestran que, por ejemplo, en la provincia de Formosa una mujer tiene diez posibilidades más de morir que en Buenos Aires. Y eso es inaceptable”, admitió Ramírez.
El desafío de aplicar la Ley de Educación Sexual
Fue el tema más fuerte de debate: a pesar de la sanción de la ley, que obliga al Estado a garantizarle a los alumnos el derecho a recibir educación sexual, en muchas escuelas del país esto dista mucho de la realidad. “El Ministerio de Salud asumió el desafío de elaborar una política masiva de capacitación docente”, aseguró Mara Brower, del Ministerio de Educación de la Nación. También presentó los materiales que, en teoría, fueron repartidos en las escuelas de todo el país e insistió en que “todos los docentes del país tienen el cómo, las herramientas para enseñar educación sexual integral”.
Allí surgió el debate: los docentes presentes en la sala aseguraron que nunca recibieron tales materiales y expusieron las dificultades que representa implementar la educación sexual sin capacitación ni material de apoyo. Las acusaciones se dirigieron directamente hacia el Ministerio de Educación, aunque Brower aseguró que, a pesar de la existencia de una ley, el programa no puede intervenir en las decisiones de cada provincia. A pesar de que no hubo acuerdo, Brower les pidió a los presentes que denuncien cuando las leyes no se cumplen.
La lucha por alcanzar una ley que regule el trabajo sexual
Elena Reynaga fue la última oradora de la presentación, con un discurso desafiante y emotivo. “Tenemos leyes progresistas que me hacen sentir orgullosa de ser argentina, pero en la práctica no se cumplen”, lamentó. Además de los ejemplos que ya se habían presentado, Elena se refirió a los códigos contravencionales que tienen las provincias, “las herramientas que ha tenido históricamente la policía para arrestar y chantajear a las trabajadoras sexuales”, como ella misma los definió.
También recordó, con mucha emoción, que en la ciudad de Rosario, la derogación de tres artículos del Código le costó la vida a Sandra Cabrera, activista de AMMAR y quien presentó el proyecto de derogación. “El que la mató pensaba que nos íbamos a meter debajo de la cama, pero se equivocó. Nosotras somos unas soñadoras y vamos a ir por más”, aseguró y contó que están trabajando en un proyecto de ley que regule el trabajo sexual a nivel nacional. “Seguramente alguien me querrar hacer callar, pero no me importa, habrá valido la pena. Y detrás de mí hay más compañeras que seguirán luchando, nos vamos a morir exigiendo esto”, se emocionó.
Este fue un breve resumen de cada una de las presentaciones que, a pesar de los debates y las denuncias, no lograron contestar la pregunta inicial: ¿Quiénes son los responsables de que las leyes no se cumplan? Mientras tanto, tendremos que asumir nuestra responsabilidad ciudadana para denunciar y exigir el cumplimiento. Porque cada ley sancionada es fruto del esfuerzo de muchas personas que lucharon por conseguirla y de organismo que trabajan por implementarlas. Pero, lamentablemente, esto no es suficiente.
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