Por Jairo Ordoñez.-
El viernes 14 de agosto, el Fiscal General de Colombia, Eduardo Montealegre, radicó una demanda ante la Corte Constitucional para reformar el Código Penal y facilitar la investigación de crímenes cometidos en virtud de la identidad de género de los ciudadanos.
En palabras del Fiscal General: “existe un déficit de protección legal hacia aquellas personas con identidades de género diversas, lo cual es particularmente notorio en la comunidad de transformistas, transexuales y travestis”. En Colombia, precisamente este grupo social el más afectado por los crímenes de odio; solo entre 2013 y 2014 se presentaron 440 agresiones hacia personas transexuales en total, de las cuales 110 presentaron el agravante de haber sido cometidas por miembros de la Policía.
El Fiscal General busca que al incluir la categoría de identidad de género en el Código Penal se diferencie claramente Orientación Sexual de Identidad de Género, ya que muchas personas transexuales no se consideran gays, lesbianas, bisexuales ni intersexuales. De igual manera, hay muchas formas de expresar lo masculino y lo femenino, independientemente de la orientación sexual que se tenga.
Con esta acción, la Fiscalía General subsanaría el hecho de que “el Código Penal no trae como circunstancia de agravación punitiva el tema de la identidad de género, en tema de Derechos Humanos existe una diferencia entre los móviles centrados entre la identidad de género y la orientación sexual”, según aseveró Montealegre.
El cambio en el Código Penal permitirá consolidar la labor de la Oficina de Género y Enfoque Diferencial, la cual fue creada para que los fiscales investiguen y esclarezcan crímenes motivados por la orientación sexual y/o identidad de género.
Como en otros asuntos similares, las organizaciones de sociedad civil pueden hacer incidencia ante la Corte Constitucional a través de amicus curiae (amigo de la corte), exponiendo la importancia de la tipificación de los crímenes de odio por identidad de género
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