Tras un largo proceso en los tribunales salvadoreños, quince meses después que un hombre trans fuera golpeado por agentes de la policía, un juez dictó sentencia para tres de los implicados en el ataque, dejando de lado a uno de los principales agresores; además de los otros tres, que habían sido sobreseídos (dejados fuera del caso).
“En El Salvador prevalece la cultura machista, lo que hace que poblaciones como la LGTBI sufran mucho abusos de poder de quienes -en teoría- deberían estar a salvo (la policía)”, así lo aseguró a Corresponsales Clave Aldo Alexander Peña, un hombre trans que luego de la marcha del orgullo LGTBI, realizada en junio de 2015, fue cruelmente golpeado por autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC), luego que el conductor de la unidad de transporte público en la que viajaba él y su acompañante no realizará una parada en un lugar autorizado y Aldo le solicitará realizarla.
El conductor de la unidad manipuló los hechos frente a la policía e hizo ver a Peña como el victimario. Luego del altercado, aproximadamente 7 agentes de la PNC lo jalonearon y agredieron físicamente. Al verificar los documentos de la víctima, los agentes iniciaron las agresiones verbales relacionadas a su identidad de género.
Esa noche, como resultado de la agresión, Aldo requirió atención médica, la cual fue negada en la delegación policial y, fue recién cuando otras organizaciones defensoras de derechos humanos se acercaron e hicieron llamadas a tomadores de decisión para que se autorice la salida de Aldo a un centro médico. Aldo Peña denunció estas agresiones y 7 policías fueron procesados por este hecho.
El caso de Aldo Peña volvió a sonar en las redes sociales hace unas semanas, ya que junto con organizaciones de la diversidad sexual conocieron la resolución del caso en primera instancia, 2 personas fueron declaradas culpables, otras 4 a lo largo del proceso fueron sobreseídas de cargos.
A pesar de la aparente justicia impartida, a Aldo le llamó la atención que una persona que debió haber llegado a la audiencia de vista pública (audiencia), no estaba, y él se pregunta: “¿Cómo hizo el juez para dejarlo fuera de vista pública?”
Su cuestionamiento hace recordar al documento que identifica las violaciones de derechos humanos en contra de las personas transgéneros en El Salvador realizada por La Clínica Jurídica de Derechos Humanos Internacionales de American University, Washington College of Law, en conjunto con Heartland Alliance, Ana Cisneros, Asociación Solidaria para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris), Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans Con VIH (COMCAVIS TRANS), y Generación de Hombres Trans de El Salvador – HT 503 en donde se resalta que: “muchas de las agresiones violentas que sufren las personas trans son perpetradas por agentes del Estado y aun cuando la víctima quiere denunciar al abusador, se le niega el acceso a la justicia. La falta de investigación y enjuiciamiento de aquellos que agreden a las personas trans ha permitido en gran parte que la discriminación, los actos de violencia y asesinatos de odio continúen. En El Salvador, las personas trans tienen que luchar solas, sin la protección del gobierno en contra de la transfobia”.
Aldo manifestó a Corresponsales Clave que en su caso “hubo un proceso lleno de anomalías, de arbitrariedad y corrupción, un proceso de lo más sucio; pero al final, aunque sea 2 (personas) están pagando”.
Ese veredicto con sabor agridulce empujará a Aldo a demandar al juez por corrupción y también a apoyar a otras personas que tengan que pasar estos procesos.
La constitución salvadoreña establece en el Artículo 3 que todas las personas son iguales ante la ley; sin embargo, el principio de no discriminación por motivos de orientación sexual e identidad o expresión de género no están consagrados en ninguna ley de manera explícita, lo que impide que la población LGTBI no tenga una justicia real cuando sus derechos son violados.
El estado salvadoreño debe actuar respetando el debido proceso y diligencia para prevenir, investigar, hacer justicia y reparar el daño cometido hacia las personas de esta comunidad, de lo contrario, siempre existirá un sabor amargo o agridulce ante sentencias que, aunque sentencian a culpables, hacen posible la impunidad.
El Salvador 
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