La crisis en torno al VIH y sida es una realidad que los medios oficiales no comunican y que no es un tema para las líneas editoriales de la llamada oleada alternativa comunicacional privada de Venezuela. El tema político partidista es prioridad, lleno de mentiras, contrapuntos y medias verdades.
En este contexto, nadie ha dado siquiera una breve columna o un reporte efímero al surgimiento de una compleja situación: un mercado paralelo de medicamentos antirretroviales, medicamentos que se sustraen del sistema público para ser vendidos a quienes han tenido que interrumpir su tratamiento por uno, dos o más meses.
Un mercado paralelo en gestación
Desde Corresponsales Clave conocimos un caso de venta paralela del medicamento Viraday, la versión genérica de Atripla. “Me fui de Mérida a Caracas a comprar mi Viraday, el tipo me ofrecía seis (06) frascos a 300 dólares; yo solo le pude comprar cuatro (04) y es de estos que da el gobierno”, comentó Adrián vía telefónica a Corresponsales Clave; él tiene 27 años de edad y vive con VIH desde hace dos. En un desahogo a su desesperación, denuncia la presión que tiene para comprar otros seis frascos o buscarle dos clientes más al vendedor “bachaquero”, como se les conoce a los vendedores del mercado negro.
Mientras que del presupuesto público se paga una cena millonaria en Turquía al presidente de la república Nicolás Maduro, se argumenta una “guerra económica” contra Venezuela que le impide comprar antirretrovirales y asignar recursos para el acceso completo e integral a los servicios de atención, hospitalización y consulta para personas con VIH. No hay ni para limpiar los pisos.
El venezolano “común” gana 1 dólar diario y hay familias que sobreviven con menos de eso. Los ingresos son en una moneda que cada día pierde valor en el mercado interno y su utilidad para las compras, incluidos los tratamientos antirretrovirales y de infecciones oportunistas de parte de las personas con VIH, es limitada. Sobre un mercado paralelo se habla a voces bajas en los pasillos del Hospital Universitario de los Andes en Mérida (IAHULA), información, además, que solo es útil para quienes podrían acceder a este.
“Aquí no había Viraday desde hace más de un año en la farmacia y yo, desesperado, pues la compré, porque tengo miedo a morir; (…) un amigo que vive en los EEUU me dijo que los compraba por un número de whatsapp que le habían recomendado y que él se los pagaba por transferencia y un familiar, allá en Caracas, los retiraba y se los mandaba”, dijo Adrián sobre una red que parece ir consolidándose a través de las referencias entre las personas que viven con VIH: “tú recomiendas (a otro comprador) y te hacen rebaja, pero no son privados son los que debería dar el gobierno en las farmacias porque vienen con la marca del Ministerio”.
Pagar o morir
Según los datos “oficiales” suministrados el 20 de setiembre de este año, de las 42 defunciones asociadas al VIH registradas en el departamento de epidemiología del IAHULA, el 39.20% fueron jóvenes entre los 20 y 29 años, jóvenes en edad productiva que a lo mejor –a diferencia de Adrián-, no pudieron pagar en dólares un tratamiento cuya provisión es obligación del Estado venezolano.
Se cree que la escasez y el control ha sido la política de gobierno que ha llevado a la población en general a afiliarse casi de manera obligatoria al partido de gobierno para contar con el “carnet de la patria”, con él se tendría acceso los servicios básicos, raciones de comida y acceso a la salud y medicamentos. Hasta ahora los medicamentos antirretrovirales no han entrado en este sistema de control, pero se sospecha que no estarían lejos de ingresar.
En este contexto, es importante mantener y fortalecer el rol de las ONG para que visibilicen y denuncien las irregularidades y los atropellos de los derechos humanos de parte del gobierno. No es novedad que han existido planes de parte del poder de turno para asfixiarlas y desaparecerlas. Los derechos humanos ha sido un tema de gran sensibilidad para el sistema represor venezolano, decenas de activistas han huido exiliados o han desistido de su papel para protegerse; otros han sido directamente señalados por el ex ministro de Salud Luis López como desestabilizadores y amenazados con cárcel, como en el caso de Eduardo Franco, actual presidente de la Red Venezolana de Gente Positiva (RVG+).
Todos los intentos para resolver los problemas de la provisión de medicamentos se ha entrampado, no solo por la crisis general sino también por los cambios de ministros y coordinadores de programa.
Se espera que los recursos aprobados por el Fondo Mundial de lucha contra el sida, la tuberculosis y la malaria orientados a las organizaciones de sociedad civil contribuyan a la veeduría, a vigilar el inventario y distribución de las provisiones a través de sistematización digital de las entregas; así como actualizar la base de datos de usuarios.
Cada persona que muere a causa del VIH en Venezuela a causa del desabastecimiento de antirretrovirales refleja el fracaso de 30 años de respuesta al VIH.
Venezuela 
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