En seguimiento a la situación que vive Venezuela y que afecta directamente a las personas que viven con VIH, Corresponsales Clave entrevistó a Feliciano Reyna, presidente de Acción Solidaria, ACSOL, una organización con más de veinte años de trabajo en la respuesta al sida.
En esta nutrida entrevista, Reyna nos brinda detalles de las deficiencias en el sistema de salud, el impacto en el acceso oportuno a tratamiento, la vulneración de los derechos humanos y la violencia que se vive como resultado de la aguda crisis.
¿Cuál es la situación actual de las personas que viven con VIH?
A partir de finales de 2012, comenzó en Venezuela un deterioro pronunciado del sistema de atención en salud en su conjunto, del que no escapó el ámbito del VIH. Entre 2013 y 2014 recibimos denuncias de los distintos estados del país sobre la falta de antirretrovirales en los servicios públicos de acceso a tratamientos, que llegaron en algunos meses a sumar entre 15 y 20 medicamentos. El resultado fue la interrupción de tratamientos de casi la totalidad de personas con VIH, que en aquel momento sumaban más de 50.000. Dicha crisis puso de manifiesto también las graves fallas en la data del Programa Nacional de VIH/sida, sobre la cantidad de personas en tratamiento, el Ministerio de Salud sostenía que eran 43.000 las personas que estaban siendo tratadas. Finalmente, en noviembre de 2015, en una nota de prensa, el Ministerio de Salud reportó que habría más de 61.000 personas en tratamiento hasta esa fecha.
Hasta 2014, el Estado venezolano no había hecho uso del mecanismo del Fondo Estratégico de la OPS para la adquisición de antirretrovirales y de reactivos. Dada la crítica situación, finalmente lo puso en marcha e hizo la compra de medicamentos para el año 2015 y el primer semestre de 2016. Es inexplicable que no se haya utilizado previamente, y que, dada la crítica situación del sistema de salud pública, el Ministerio de Salud hubiera esperado hasta abril de 2016 para gestionar una nueva compra a través del Fondo Estratégico. Según nos fue informado, este retraso implicó que, para que pudieran llegar los antirretrovirales a tiempo, algunos países que no se encontraban en la situación de emergencia de Venezuela, cedieran su puesto para que nuestro país los recibiera de manera prioritaria.
Actualmente hay fallas de varios productos, entre ellos el raltegravir y darunavir -que afecta a más de 1.500 personas en cada caso-, Complera -afecta a más de 550- y didanosina -705 personas todavía lo requieren.
¿Ha habido un número significativo de PVVS que han interrumpido sus tratamientos?
Difícil determinar con exactitud, pero sí sería responsable decir que entre 2013 y 2014 la casi totalidad de las más de 50.000 personas en tratamiento debieron interrumpir sus tratamientos alguna vez y por períodos de hasta un mes. Acción Solidaria pudo mantener en tratamiento ininterrumpido, gracias al banco de donaciones de tratamientos, a 336 personas. Y estas solo de la ciudad de Caracas, pues en Venezuela está prohibido enviar medicinas por medio de servicios de correos o transporte, medida que fue tomada para justificar la llamada «guerra económica» y supuestamente combatir el «contrabando»…
En 2016, hay actualmente más de 4.200 PVVS en tratamiento con raltegravir, darunavir, Complera o didanosina que han interrumpido sus tratamientos. Se nos ha informado que los ARV comprados mediante el Fondo Estratégico llegarán al país entre junio y septiembre y que esto impediría que hubiera más interrupciones. Sin embargo, también se nos informó que esta compra es solo para 4 meses. Si el gobierno no hace las gestiones a más tardar en el mes de julio para adquirir los ARV del año 2017, estaremos nuevamente en una situación crítica.
¿Ha habido desabastecimiento de insumos para pruebas de seguimiento?
Entre los hechos graves que han afectado a las personas con VIH, ha estado la falta de reactivos en general: para pruebas de diagnóstico, para control y seguimiento, tanto en la salud pública como en la privada. Cuando hubo las graves fallas de 2013-2014, no hubo manera de hacer pruebas a quienes debieron interrumpir sus tratamientos, que fue una gran parte de aquellas 50.000 PVVS, para conocer si habían casos de resistencia, y cuántos eran. Fueron muchas las llamadas que recibimos en nuestro Centro de Información Nacional de Información de VIH/sida en las que nos informaban sobre interrupciones intermitentes, toma de tratamientos incompletos para «al menos no pararlo completamente». En octubre de 2015, ya no hubo más reactivos para pruebas de carga viral y CD4 en la salud pública; la interrupción duró hasta mayo de 2016, es decir 8 meses, cuando llegaron reactivos para 30.000 pruebas de cada tipo. Esto dejará nuevamente a la mayoría sin poder conocer cuáles podrían haber sido las consecuencias de la interrupción de sus tratamientos.
Si bien en laboratorios privados todavía ha sido posible hacerse pruebas de carga viral y de CD4, así como de detección (aunque ya para los meses de febrero y marzo tampoco se conseguían en todos), su costo es demasiado elevado para una persona incluso de medianos recursos, pues la inflación -oficialmente 180,9% en 2015; más de 240% según estudios independientes- ha afectado de tal manera el ingreso de las personas, que actualmente este es destinado casi en su totalidad a alimentación y transporte. El salario mínimo en 2016 es de Bs. 33.000; una prueba de CD4 cuesta Bs. 2.500 y una de carga viral, Bs. 12.000.
¿Hay acceso a condones?
El acceso a condones distribuidos como política pública es también esporádico: consultadas esta semana varias organizaciones, me dijeron que para el 1 de diciembre y en algún momento a principios de este año, habían recibido, cada una, alrededor de 10.000 condones. Son envíos irregulares, que no responden a una política de distribución. Acción Solidaria ha sido parte también de las organizaciones que reciben estas entregas; sin embargo, la cantidad principal ha estado constituida por donaciones desde el exterior, de entre 5.000 y 9.000 condones por vez.
¿Cuál es la postura del Programa Nacional y el Ministerio de Salud?
El Programa Nacional no tiene las fortalezas que debería en recursos humanos, técnicos y financieros. Parte de la razón por la que aún responde en las situaciones de escasez de ARV estriba en la capacidad del movimiento de personas con VIH y de organizaciones de hacer presión directa y pública, y en los mecanismos que, dada la estructura global y regional, permiten actuar con alguna celeridad frente a las demandas de respuesta. A pesar de los frecuentes cambios de ministros de salud -6 en 3 años; – y que con cada uno se incorpora todo un equipo nuevo de trabajo en viceministerios. Si ya hay severas deficiencias en las políticas de salud, estos cambios contribuyen a empeorar la crisis. Además, cada nuevo ministro o ministra entra dando preeminencia al discurso ideológico, a los logros de la «revolución», desconociendo las fallas, atribuyendo problemas a la «derecha oligárquica», en fin.
¿Qué respaldo tienen de las agencias y ONG de otros países?
De las agencias, poco en general. Ha habido reuniones con la representación de la OPS, pero la información no es la que exige la situación. Bajo el argumento de que se trata de una agencia de apoyo técnico al Ministerio de Salud, la información no ha sido oportuna ni suficiente como para poder reaccionar a tiempo, ante de que las fallas se hagan críticas y afecten la salud y la vida de miles de personas. Cuando hemos protestado ante las oficinas de la OPS, sostenemos que las agencias se deben a los pueblos; si la OPS debe velar por adecuadas políticas de salud en las Américas, no puede callar ante situaciones graves. Entendemos la necesidad de mantener las líneas de comunicación con el Gobierno, pero no a expensas de la salud y los derechos de la población. El Fondo de Población ha trabajado de manera relativamente cercana a las organizaciones de sociedad civil y otros actores, en los temas de su competencia. Del PNUD podemos decir que es un «non-entity», en el sentido de su distancia e irrelevancia, al menos en lo que se refiere a su relación con nuestras organizaciones y con un buen número de organizaciones de derechos humanos en general.
¿Hay episodios vinculados a vulneración de los derechos humanos?
Muchos y muy graves. A la crítica situación de afectación de los derechos a la salud y la alimentación, que ya no dudamos en calificar como trágica por su dimensión y expansión a todo rincón de Venezuela, se suma la creciente militarización del Estado; las conductas cada vez más autoritarias del Presidente y su equipo de gobierno, junto con el intento por criminalizar cualquier voz crítica, señalándola como «enemiga interna»; la no independencia del sistema de justicia, con todo lo que implica en términos de impunidad y falta de respuesta a las necesidades de la población; la no independencia de la Defensoría del Pueblo y la ausencia de su titular en los casos y momentos más críticos de afectación de derechos humanos; las campañas estigmatizantes y represalias contra defensores y defensoras de derechos humanos. Todo ello ocurre además en un contexto de violencia creciente, con un índice reconocido por el estado de 61 casos de homicidios por cada 100.000 habitantes, pero que llegaría a 91 según órganos independientes.
¿Considera que un petitorio internacional y dar conocer la situación sería de utilidad?
¡Absolutamente sí! El gobierno venezolano se niega a reconocer la crisis en salud y alimentación con base en argumentos falaces: como si declarar la necesidad de la ayuda implicaría abrir las puertas a la «intervención» y la «injerencia». Hemos informado sobre la situación a órganos como la OCHA, ECHO, ICRC, y hemos trabajado con la Asamblea Nacional para que modificara y aprobara una Ley especial para atender la crisis nacional en salud, como una forma de contribuir con el Gobierno a responder ante la magnitud del problema. Hemos hecho llegar el mensaje al Gobierno, a través de su vicepresidente ejecutivo, de la ministra de salud, y de otros voceros, que no es necesario declarar la situación de necesidad; que solo habría que aceptar la ayuda que algunos órganos internacionales puedan ofrecer. Aun así, se rehúsan a aceptarla. Hemos hecho pronunciamientos públicos señalando a algunas autoridades como responsables por las violaciones a los derechos a la salud y la vida y, más recientemente, el lunes 23 de mayo, introdujimos un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia, con base en la protección de derechos colectivos y difusos, para que se ordene al Presidente y a la Ministra de Salud aceptar la ayuda.
Todo esfuerzo internacional que contribuya con el flujo de la ayuda, sería para nosotros realmente bienvenido, sea hecho por la vía de la diplomacia callada, o por la vía de esfuerzos públicos.
Venezuela 
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