La reforma de la Ley General de VH es muy importante porque garantizaría una atención de manera integral y respetuosa, siendo un valioso documento con puntos muy positivo. Algunos diputados han mencionado que la intención no es negar el acceso a una salud integral y se esperaría que enfoque de derechos permee todos los artículos; sin embargo, esta semana se aprobó una moción que permitiría condicionar el acceso a los medicamentos antirretrovirales para personas migrante, además de la obligatoriedad de la prueba para mujeres gestantes.
La moción que pretende limitar la provisión de atención integral a personas inmigrantes fue propuesta por el diputado Gustavo Viales, conocido por sus discursos xenofóbicos, y apoyada por los legisladores Jorge Fonseca, Partido Liberación Nacional, Paola Valladares, PLN, Ivonne Acuña, Nueva República y María Vita Monge, PUSC. Dicha moción se incluyó como parte del expediente número 21.031 y se discute en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa. En la redacción, de dicha moción se indica expresamente que las personas migrantes con VIH “que se encuentren en condición irregular “podrán” recibir la atención, integral y el tratamiento “mientras” realizan los trámites de regularización de su situación migratoria”.
Aunque a primera vista, suena inclusiva; el texto abre una puerta a prácticas discriminatorias; no sería una ley de atención universal, sino que haría diferenciaciones entre las personas. Muchas personas migrantes llegan a los países de acogida sin documentos o sin dinero para iniciar trámites de regularización migratoria; estas personas podrían ser privadas de la atención en salud.
Ante este riesgo de retroceso en la protección de derechos humanos, la diputada Sylvia Patricia Villegas, quien votó en contra de la moción, dijo: “Me parece inconstitucional porque el derecho a la salud es universal y el VIH no discrimina. Esta moción es legislar retroactivamente y contraria al acceso universal de la salud. Creo que se comete un grave error por cuanto afectamos a personas con una particular vulnerabilidad y se expone el principio de prevención, olvidando que el VIH es un problema de salud pública en nuestro país”.
El derecho a la salud está incluido en varios instrumentos de derechos humanos, en particular, el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se establece la articulación más completa al reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; el PIDESC establece asimismo que el derecho a la salud obliga a los Estados a asegurar que “los establecimientos, bienes y servicios de salud sean accesibles, de hecho y de derecho, a los sectores más vulnerables y marginados de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los motivos prohibidos”. Finalmente, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), órgano de las Naciones Unidas que supervisa la aplicación del PIDESC, aclaró que la nacionalidad no debe utilizarse como motivo de discriminación para negar o restringir la atención sanitaria y otros derechos amparados en el Pacto.
En este sentido, corresponde a Costa Rica respetar los pactos firmados y proteger los derechos de las personas. La Ley debe orientarse en garantizar una atención temprana para las personas migrantes y en condición irregular. Este es un llamado a la acción para la sociedad civil de articular esfuerzos para frenar leyes que atenten contra la salud de los habitantes del país.
Costa Rica 
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