Por Irene Ayuso Morillo.-
La historia se repite una y otra vez. La fuerte crisis de salud pública con respecto al desabastecimiento de antirretrovirales de los hospitales de la seguridad social en el Ecuador es una constante identificada mucho antes del inicio de la pandemia por COVID-19.
“Esta es la segunda ocasión que me dejan sin medicina por un mes, y solo me dicen que espere. La atención es pésima. Y en mi caso, el Hospital Andrade Marín, (HCAM ), no me da la transferencia a otro centro hospitalario donde sí disponen de medicina”, alega un usuario del mencionado hospital en una comunicación con Corresponsales Clave hace unas semanas.
A nivel de la Red Pública Integral de Salud (RPIS), el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) presenta una provisión deficiente de antirretrovirales en sus diversas unidades, situación que actualmente afecta a más de 5200 usuarios del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, de la ciudad de Guayaquil y del Hospital Andrade Marín (HCAM), de la ciudad de Quito, quienes reciben sus tratamientos con constantes interrupciones.
El IESS tiene unidades de atención integral: cinco hospitales a nivel país, dos en Quito, dos en Guayaquil y uno en Cuenca, y es en los principales hospitales de Quito y Guayaquil donde han existido problemas en la entrega, abastecimiento de la medicación antirretroviral a todos sus usuarios, incluso problemas recurrentes en el acceso a exámenes médicos específicos de CD4 y carga viral. “No es solo la medicina, cada año me realizan los exámenes para revisar el CD4 y la carga viral, cuando deberían hacerlo dos veces al año, alegan que no hay reactivos, que en la máquina se dañó tal repuesto, por uno u otro motivo no se accede, y como que a ellos no les importa”, sostiene David.
Algunos usuarios pueden ir a un centro privado a hacerse las pruebas, que tienen un costo adicional de alrededor de 120 dólares: “yo tengo la suerte de poder costeármelo, pero no pasa lo mismo con otras personas; para una persona con un salario mínimo de 400 dólares, un gasto de 120 dólares en un mes realmente se le hace complicado”, explica otro afiliado al IESS que nos da su versión de los hechos.
Los antirretrovirales son fármacos que ayudan a desacelerar el avance del VIH dentro del organismo, lo que permite mantener el sistema inmunitario fuerte. Además, reducen las posibilidades de contraer una infección y de transmitir el VIH, por lo que deben tomarse a diario y no hacerlo significa estar en riesgo de que el virus se vuelva a replicar.
“Si a una persona en el IESS, por diversos motivos, no le entregan la medicación antirretroviral, perdemos la adherencia y podemos adquirir una resistencia al medicamento, por lo que vamos a tener que migrar a otro tipo de esquema más avanzado y más caro. Al perder la adherencia perdemos el estatus de indetectable y podemos transmitir por vía sexual la infección de VIH, por eso es muy importante tomar la medicación todos los días”, señala Ricardo Buri, director y fundador del Grupo de Apoyo Positivo para Personas y Familiares de Personas VIH Positivas en Ecuador.
Marco legal
Existe una sentencia de la Corte Constitucional del Ecuador, de noviembre de 2016, en la que se otorga la acción extraordinaria de protección, reconociendo que se ha vulnerado el derecho, tanto a la salud, como a la tutela judicial efectiva. En virtud de la sentencia se ordenaron algunas medidas de reparación integral, la más importante de ellas, la que sigue sin cumplirse, señala que tanto el IESS como el Ministerio de Salud Pública (MSP) deben tomar las medidas del caso para que no vuelvan a faltar medicamentos antirretrovirales por cuestiones meramente administrativas o de planificación. En este sentido: “las autoridades del IESS hacen oídos sordos”, confirma Buri.
La Corte también dispuso a la Defensoría del Pueblo que haga seguimiento del cumplimiento de las medidas de reparación integral mediante visitas in situ a los hospitales, bodegas y farmacias para constatar el aprovisionamiento. En esos cinco años, la Defensoría ha emitido ocho informes en los que se reconoce que sigue existiendo falta de medicamentos esporádicamente, en algunos hospitales sí, en otros no, porque las compras las hacen de manera individual.
María reside en Guayaquil y acude al Hospital Teodoro Maldonado Carbo para recibir su tratamiento: “Hubieron dos espacios en que no me dieron mi medicación, primero fueron seis meses que no nos daban absolutamente a nadie, incluso en una ocasión, que fue la gota que colmó el vaso, me dieron un medicamento que estaba caducado”. María decidió acudir a la Defensoría del Pueblo, pero sostiene que “apenas son tres o cuatro personas las que hemos andado ahí en la lucha, incluso me he descompuesto un poco de salud por esto de andar de un lado para otro”.
En ese sentido, Santiago Jaramillo, presidente de la Fundación Matices, afirma que “ha habido un debilitamiento y desarticulación de las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, comunitarias y de poblaciones clave de personas con VIH, entonces las acciones que se realizan, sobre todo las de incidencia política, no tienen el impacto deseado”.
El estigma y la discriminación, por otro lado, es sin duda una gran barrera; María sostiene que ella no tiene ningún problema en ser una persona visible, pero hay personas que no lo son: “se les entiende porque los derechos son vulnerables y no son respetados, hay personas que no pueden por el hecho de que su familia no lo sabe, o por el miedo de que en su trabajo se enteren de su condición de salud”.
Jaramillo sostiene que “hay que trabajar mucho en ese sentido, en el empoderamiento de las personas, el conocimiento del marco legal para que conozcan cuáles son sus derechos y poco a poco ir impulsando, porque es el ejercicio de la ciudadanía también lo que hace el cumplimiento de los derechos, los derechos realmente se los conquista en las calles y en la lucha”, reafirma.
Qué hay detrás
“La corrupción en el IESS no es un tema escondido, todo el mundo sabe en Ecuador que las mafias se comen vivos los recursos que damos los afiliados porque es un cáncer históricamente arraigado en estos hospitales”, argumenta Ricardo Buri. “Deben hacer una depuración porque sabemos que hay mafias enquistadas y no es posible que se juegue con la vida de los usuarios por beneficio económico de unos cuantos”, agrega.
Para María “existe lo que llamamos aquí “manos negras”, se han descubierto grandes mafias en el hospital, con medicamentos que han estado listos para salir a la venta en el mercado negro”.
Santiago Jaramillo coincide en que la corrupción es un factor realmente determinante que marca toda esta situación, además del permanente cambio de autoridades en los hospitales, pero, en definitiva, alega que “lo que hay es una situación de falta de voluntad política y de gestión. No hay voluntad política para que realmente se hagan compras conjuntas, de manera eficiente, lo que sería muy bueno en cuanto a ahorro de recursos y también una planificación más adecuada”, sentencia. También mantiene que se necesita “instar a la sociedad civil a articularse mejor y tener un rol más protagónico y proactivo, como la mejor respuesta en este tema de derechos humanos que es algo transversal”.
Acciones en marcha
“Aquí en el Ecuador hubo un cambio de gobierno hace unos meses y hay mucha expectativa con respecto a lo que se puede hacer”, afirma Jaramillo. El IESS hizo a finales de septiembre una compra por medio del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), una compra centralizada emergente, y fuentes con las que hemos tenido la oportunidad de conversar se muestran positivas con respecto al cambio gerencial de las autoridades del IESS en diversos hospitales, que nos confirman que les están entregando nuevamente la medicación.
Sin embargo, Buri mantiene su preocupación: “no puede ser que aparentemente se solucione el problema y no esperar a que el próximo año hipotéticamente haya de nuevo un desabastecimiento. Estas medidas tienen que ser sostenidas en el tiempo para garantizar el acceso a la salud”
*Este artículo fue redactado en el marco del Curso de Corresponsales Clave 2021.
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