“Escalofríos, dolor de cuerpo, estragos de barriga, dolor de cabeza constante, pérdida de visión, pérdida de peso, anemia…” son solo algunas de las dolencias que presenta una persona con VIH en Ecuador privada de libertad, en concreto, en la cárcel de Santo Domingo, zona occidental del país.
“Estoy amarillo, me cuesta ir a orinar porque tengo que hacer demasiada fuerza”, alega César, nombre ficticio para proteger su anonimato. Su testimonio, al que tuvimos acceso desde Corresponsales Clave, da cuenta de que el centro no brinda las condiciones de acceso a la salud para una persona viviendo con VIH y privada de libertad, como acceso a tratamiento antirretroviral continuado, una dieta equilibrada o atención psicológica.
César tiene una sentencia a tres años de pena privativa de libertad y fue diagnosticado de VIH antes de que fuera preso. En el proceso de entrada a prisión le cambiaron el tratamiento y de especialista hasta tres veces, sin diagnóstico previo y dejó de tener ayuda psicológica.
“El sistema de salud carcelario es ultra básico en Ecuador, que tú creas que para enfermedades crónicas hay un sistema adicional o protección especial, eso es inexistente”, comenta Efrén Guerrero, abogado especialista en derechos humanos.
La situación es extremadamente dramática: según un informe del BID (2018), el 42% de los presos duerme en el suelo, el 20% no tiene acceso regular a agua potable, y menos de la mitad de los internos participa en algún tipo de actividad educativa en las cárceles del país. Además, sólo un tercio de la población penitenciaria afirma que ha podido realizar una llamada telefónica a sus familiares y solo un 17% ha recibido visitas personales en alguna ocasión.
El encierro con sobrepoblación agrava los efectos físicos y psicológicos en los y las internas, además de exponer a la población a las infecciones.
“Estoy prácticamente desatendido, las veces que pides atención y tratamiento no hay respuesta dentro de las autoridades, te dicen que no hay, que compres fuera, como si uno tuviera la posibilidad y compras y luego no te dejan ingresarla”, manifiesta César.
El proveer la atención médica adecuada a las personas privadas de libertad es una obligación que se deriva directamente del deber del Estado de garantizar la integridad personal de éstas: (contenido en los artículos 1.1 y 5 de la Convención Americana y I de la Declaración Americana). Según estos artículos las personas privadas de libertad tendrán derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel posible de bienestar físico, mental y social, que incluye, entre otros, la atención médica, psiquiátrica y odontológica adecuada; la disponibilidad permanente de personal médico idóneo e imparcial; el acceso a tratamiento y medicamentos apropiados y gratuitos; la implementación de programas de educación y promoción en salud, inmunización, prevención y tratamiento de enfermedades infecciosas, endémicas y de otra índole; y las medidas especiales para satisfacer las necesidades particulares de salud de las personas privadas de libertad pertenecientes a grupos vulnerables o de alto riesgo, tales como: las personas adultas mayores, las mujeres, los niños y las niñas, las personas con discapacidad, las personas con VIH, tuberculosis, y las personas con enfermedades en fase terminal.
“Como Ecuador, tenemos normas muy claras sobre cómo hay que atender a nivel de salud a las personas privadas de libertad, de hecho existe un modelo de atención de rehabilitación social vigente desde 2008, sin embargo hay un desentendimiento clave entre lo que implica la teoría y la práctica, porque si tú ingresas a las cárceles, te vas a dar cuenta que ni los funcionarios públicos, que son las personas obligadas a ejecutar la ley, tienen conocimiento de este modelo de atención”, explica Roberth López abogado litigante y visitante de las cárceles del área Jurídica de la Fundación Dignidad, una organización de la sociedad civil que promueve los derechos entre la población carcelaria.
Entre el encierro con sobrepoblación y el aislamiento del año pasado por la pandemia de COVID19 se han generado un montón de problemas en la difusión de enfermedades transmisibles, de VIH y de ITS, y más aún de tuberculosis, especialmente en el Guayas, donde la tuberculosis tiene una incidencia 123 veces más alta en las prisiones que en el resto de Ecuador, según un estudio realizado entre el 2015 y 2016 por la Organización Panamericana de Salud – OPS-.
“Nos están matando”
La realidad para la población LGBTI+ en prisión es muy diferente a la de la población heterosexual y cisgénero. Según el informe internacional “Mujeres, política de droga y encarcelamiento”, la información disponible sobre temáticas orientadas a la población LGBTI+ es limitada porque no desagrega la experiencia específica de personas trans privadas de libertad.
“A nosotras, por nuestro género, que no es representado ni garantista de derechos, somos llevadas a cárceles masculinas y ahí olvídate que existe ningún derecho desde ese punto”, alega Odalys Cayambe, vocera la organización Vivir Libre y directora de la K-SA de acogida transitoria trans en Guayaquil.
Las mujeres trans a menudo enfrentan situaciones de pobreza, exclusión social, violaciones de sus derechos a la educación, el empleo, la salud y la vivienda, estigma, discriminación y transfobia, violencia y abuso sexual y físico.
“Más que discriminación, yo diría condena, porque desde el momento que somos encarceladas vamos a ser víctimas del sistema, somos práctica de mula humana, de olvido social, obligadas a sobrevivir con un secreto a voces que es el trabajo sexual”, ratifica Odalys, quien es una mujer trans que fue privada de libertad.
Al no haber un registro legal de población trans “duele saber que hay compañeras que están muriendo lentamente y en agonía y eso no se visibiliza” y añade: “nosotras las pobres, las indignadas, las sin derecho estamos expuestas a todo, para mí es un genocidio: nos están matando a la población que ellos consideran que no sirven y no valen”, sentencia Cayambe.
No hay información precisa de la cárcel como factor de explosión de brotes epidémicos. “Ni siquiera hay un censo de cuántos presos hay: el número relativo está entre 38.000 y 41.000, pese a que su capacidad máxima es de 29.000 y está probado que el 46%-48% no deberían estar ahí porque están en prisión preventiva, que debe ser una medida de último recurso, pero se usa como primer recurso y eso hace que las cárceles estén hiperhacinadas”, declara Efrén Guerrero.
El NO sistema de salud carcelario
“Jurídicamente existe la obligación de abrir una historia clínica de todas las personas que ingresan al sistema penitenciario y a partir de ahí ir informando, sin embargo, no hay ningún historial clínico de las personas privadas de libertad, lo que es fundamental para un tratamiento antirretroviral adecuado para personas con VIH”, afirma Roberth López.
Los antirretrovirales son fármacos que ayudan a desacelerar el avance del VIH dentro del organismo, lo que permite mantener el sistema inmunitario fuerte. Además, reducen las posibilidades de contraer una infección y de transmitir el VIH, por lo que deben tomarse a diario y no hacerlo significa estar en riesgo de que el virus se vuelva a replicar.
“Si no podemos llevar un control ordenado de la situación de personas privadas de libertad, sin las herramientas para establecer un diagnóstico adecuado, las personas que realmente acceden a un tratamiento son aquellas con capacidad adquisitiva y la mayoría de personas privadas de libertad no pueden sostener los costos de lo que implica su tratamiento de VIH”, revela y agrega: “es de conocimiento público y notorio que actualmente el Ecuador está pasando por una grave crisis de desabastecimiento de medicinas, si la sociedad no tiene capacidad para poder acceder a medicamentos, ¿qué podemos pensar del sistema penitenciario?”.
Está probado que las medicinas dentro de la prisión también son objeto de corrupción, tráfico y sobreprecio, son las bandas criminales las que monopolizan su distribución, “el Estado no tiene control sobre absolutamente nada de lo que debería ser legal dentro de las cárceles, lo que genera la proliferación de mercados ilegales, entiéndase de medicina, de comida, de cuestiones tan básicas”, afirma López.
La opción que les queda a los presos es pedir a los familiares, quienes tienen que pagar por meter cosas a la prisión por los mismos canales que meten las drogas y las armas: “se estima que los familiares meten alrededor de 330 dólares al mes para tener algún tipo de necesidad básica, una pensión para una persona enferma con lo que supone la distribución de medicinas cuesta un poco más”, explica Efrén Guerrero.
“En términos de salud, la cárcel exprime los escasos recursos de la gente que está fuera y eso hace que su salud disminuya, generando una situación sistémica”, sentencia López. El sistema penitenciario no garantiza la salud de la población penitenciaria, es más, deteriora la salud de la gente que hay dentro.
Masacres en Ecuador
En lo que va del año, el país ha vivido cuatro masacres carcelarias en eventos ocurridos en febrero, julio, septiembre y noviembre, en las que más de 300 personas han sido asesinadas. El Estado está ausente y en el marco de esta situación existen víctimas: “no se dan cuenta de que estamos metiendo por el robo de un celular a un tipo junto a asesinos, psicópatas y capos del narcotráfico internacional, el sistema carcelario expone a gente que cometió un error en la vida, con gente que ya está irrecuperable a nivel de criminología”, sostiene Guerrero.
El sistema penitenciario ecuatoriano tiene un grave problema, está a espaldas de las urgencias porque no es una prioridad para las autoridades, se aborda como un tema netamente se seguridad, sin una óptica transversal de derechos humanos, asegura López y en esa misma línea Guerrero señala: “esta gente está a su suerte, ya se olvidaron de los presos, si una persona está presa es un delincuente, como están presos ya no son humanos y si se mueren, mejor”.
“Las personas de la sociedad civil auto convocadas como nosotros, promoviendo derechos de las personas en contexto de encierro, ni siquiera tenemos la capacidad de ayudar finalmente porque lo que nosotros podemos hacer en temas de medicina, es ser asistencialistas, pero nada se soluciona con asistencialismo cuando los problemas vienen de un quebrantamiento de la estructura social como tal: en las cárceles mueren los pobres, las personas están abandonadas al imperio de lo que pueda suceder con ellos dentro de la cárcel y el día de mañana serán sólo una cifra más que formará parte de los informes a fin de año”, dice Roberth López, de la Fundación Dignidad.
Guerrero va un poco más allá y se pregunta si el objetivo real de la cárcel es rehabilitar o exponer a la gente al infierno para cuando salga se vuelva peor y generar una sociedad peor; también expone la teoría de que la sociedad ecuatoriana está perfectamente reflejada en la cárcel: la desigualdad, la corrupción, el desamparo, la dinámica basada en el dinero se reflejan mucho mejor en la cárcel que en cualquier otro sistema ecuatoriano porque la cárcel es una de las instituciones más corruptas del país.
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