Desde el año 2014 se discute una nueva Ley de VIH para Costa Rica, una ley que responda a los nuevos desafíos y dinámicas de la epidemia en el país y que tenga como base los enfoques de género, de diversidad y de derechos humanos; sin embargo, este último enfoque parece estar tambaleando en cuanto a mujeres se refiere.
En meses pasados, ya se discutió la inclusión de las poblaciones clave, en particular las mujeres trans y hombres que tienen sexo con otros hombres, así como el enfoque de género en el fraseo de la norma. Diputados, organizaciones de sociedad civil y activistas debieron disputar el debate público para garantizar los derechos de las personas más afectadas por la epidemia, enfrentándose a grupos religiosos y conservadores que buscan cercenar los derechos de algunos grupos. Hoy, esa discusión se ha cerrado. Sin embargo, está en riesgo el derecho de las mujeres a la información y la libre determinación.
En la propuesta de Ley original, el Artículo 23 planteaba las excepciones al consentimiento de la prueba de diagnóstico de VIH en dos casos: “a) Cuando a una persona se le haya nombrado garante, aquel tomará la decisión de realizarse la prueba con la ayuda de esta salvaguarda; y b) Cuando se trate de la donación de productos biológicos humanos, incluida sangre, óvulos, hemoderivados, leche materna, semen, órganos y tejidos.” Pero, a través de una moción, se pretendería introducir un nuevo inciso a este artículo que obligaría a todas las mujeres gestantes a realizarse la prueba de VIH, sin mediar el consentimiento informado.
Las facciones cristianas y conservadoras señalan que se debe proteger el feto por encima del derecho de las mujeres a recibir información y a su libertad.
La introducción de este inciso puede crear obstáculos para la respuesta al VIH o reforzar el estigma y la discriminación; lo que contraviene los compromisos asumidos por Costa Rica en la Declaración Política sobre el VIH y el Sida de 2016.
En una Nota de información técnica que enviara la Oficina de Naciones Unidas al Congreso hace algunos meses, se precisan las razones de por qué se debe garantizar la voluntariedad de la prueba para todas las personas: “La voluntariedad de la prueba y el consentimiento informado (…) constituye un pilar de la atención al VIH y de una respuesta basada en los derechos humanos, formando parte de los estándares internacionales en esta materia. Desde la experiencia, está demostrado con evidencia que el establecimiento de la obligatoriedad de la prueba causa efectos adversos, no contribuye a un aumento del diagnóstico y a la posterior adherencia al tratamiento, sino que lo obstaculiza.
(…) Con relación a las mujeres embarazadas, existen recomendaciones y acuerdos internacionales que plantean explícitamente la necesidad de remover / evitar en las legislaciones, las pruebas obligatorias para mujeres embarazadas, así como la recomendación de garantizar las condiciones para alentarlas a hacerse la prueba, las cuales incluyen la información, orientación y consejería integral. (…) si se dan las condiciones señaladas, es muy difícil que las mujeres se nieguen a realizarse la prueba de VIH.”
Organizaciones de mujeres y defensores de derechos humanos han rechazado este inciso y han señalado que el Estado está obligado a ofrecer las pruebas y primero informar, educar y dar la opción de hacerlo, obligaciones que no está cumpliendo.
Conversamos con Guiselly Flores, presidenta de la Red Peruana de Mujeres con VIH y desde su experiencia nos comentó que: “Los diagnósticos y entrevistas que hemos realizado en relación al tema, desde las organizaciones de mujeres con VIH, ante esta reglamentación nos evidencia que la obligatoriedad ha servido como instrumento para la discriminación y violencias hacia las gestantes”.
Flores añade que la violencia que sufren las mujeres gestantes sometidas a la prueba sin consentimiento tiene varias dimensiones: “Violencia obstétrica: porque es el establecimiento de salud el primer espacio en el que reciben el diagnóstico; bajo esta normativa se apresura la prueba sin mediar consentimiento y la consejería debida. El maltrato continúa en los controles de la gestación, el parto y el post parto. También se presenta la violencia de pareja: porque es la mujer quien se supone que recibe primero su diagnóstico (aunque en realidad no sea así) y es acusada de infidelidad, de promiscuidad. Para ella será mucho más difícil negociar en adelante relaciones sexuales más seguras y será el blanco de maltratos continuos; si la pareja resulta ser serodiscordante (él no vive con VIH) la violencia se acentúa. Y también se presenta la violencia familiar y social: porque la normativa acelera procesos de información a costa de la confidencialidad en el entorno familiar y en el contexto comunitario; por ejemplo, será cuestionada por no amamantar y será relegada de reuniones familiares.”
La experiencia de la Red Peruana de Mujeres con VIH en su trabajo con mujeres con VIH confirma lo anticipado por las instancias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Para la reconocida activista, leyes como las que se quieren instaurar en Costa Rica –que están vigentes en Perú- son contraproducentes a los objetivos de la respuesta al VIH y las metas que a nivel global queremos alcanzar, en particular, la eliminación de la transmisión vertical.
“Entonces, nos podemos explicar que muchas de nuestras compañeras, mujeres gestantes con VIH han huido del servicio de salud, prefieren el parto con comadronas y/o usan establecimientos privados. Tenemos información que hasta algunas de ellas han sido perseguidas por el personal de salud cuando no han regresado al servicio, siendo amenazadas con ser denunciadas ante la fiscalía”, finaliza Guiselly Flores.
La propuesta de Ley aún está en discusión en la Asamblea de Diputados de Costa Rica y estamos a tiempo de hacer un llamado a tomar decisiones en base a las evidencias; y no en base a prejuicios. Los derechos de las personas deben estar al centro de la respuesta al VIH.
Costa Rica 
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