Finalmente liberaron a los tres que faltaban, de los 33 hombres detenidos arbitrariamente en un local privado dirigido a la comunidad LGTBIQ+ en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela. Actualmente todos están bajo régimen de presentación.
La detención arbitraria de 33 hombres que se encontraban disfrutando de los servicios y actividades que ofrecía un local privado dirigido a la comunidad LGTBIQ+ en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, Venezuela, ha dejado en evidencia, además, de un proceso viciado y procedimientos seriamente cuestionables, la violación flagrante a los DDHH y por consiguiente un Estado y una colectividad que carecen de respeto, aceptación, inclusión y empatía.
La cronología de los hechos. el 23 de julio la policía bolivariana del estado Carabobo en Venezuela realizó un allanamiento en el club spa Avalon Man Club, ubicado en Valencia, donde resultaron detenidas 33 personas. Luego de diferentes intervenciones de organizaciones de la sociedad civil y abogados privados y públicos, el 26 de julio liberaron a 30 personas que quedando bajo régimen de presentación (para más información leer Liberen a los 33: violencia institucional en Venezuela).
El pasado 1ero de agosto un tribunal del Palacio de Justicia del estado Carabobo otorgó libertad condicional a los tres hombres que continuaban presos (dos masajistas y el dueño del local). Al respecto Yendri Velásquez, coordinador del Observatorio Venezolano LGBTQ+ mencionó a Corresponsales Clave “nos preocupan las declaraciones del fiscal general de la república después de que liberaron a los tres, debido a que habla de una solicitud de sobreseimiento a la causa de 30 e investigación a los tres que quedaban detenidos. Nos preocupa porque ahora es una imputación de delitos distintos, se habla ahora de tener un local comercial en una zona residencial y de condiciones de insalubridad del local cosa que nunca se había hablado durante este proceso penal, creemos que es una forma de ocultar o manejar comunicacionalmente la arbitrariedad que se cometió contra personas solo por su orientación sexual”.
Continua Velásquez “Hacemos un llamado a que el sobreseimiento de todo el proceso penal en contra de los 33 se haga de forma inmediata y que proteja a todas las 33 víctimas, sus familiares y además se inicien procesos de investigación contra los funcionarios de la policía nacional bolivariana que ejecutaron el allanamiento ilegal”.
Los terribles testimonios de dos de los afectados, Iván Valera y Alfredo Rodríguez, recogidos por el equipo de WTC Radio dan cuenta de un serie de desmanes, abusos de poder, extorsiones, tratos crueles e inhumanos, cometidos durante la detención arbitraria y permanencia en el recinto policial a donde fueron trasladados y posteriormente imputados por un tribunal de la entidad carabobeña por la presunta comisión de los delitos de “ultraje al pudor”, agavillamiento y contaminación sónica”, los cuales fueron desestimados por la defensa, abogados y activistas de derechos humanos.
El tratamiento comunicacional dado a este caso por parte de algunos periodistas y medios de comunicación pone entredicho la ética profesional, pues algunos sin medir las consecuencias se hicieron eco de informaciones malintencionadas, sin confirmar y engañosas exponiendo al escarnio público a 33 personas, cuyo único delito es ser homosexuales, afectando su honor y reputación, causándoles a través de la estigmatización un daño moral y social que difícilmente pueda ser reparado.
Iván Valera, quien es activista en DDHH, describió en la entrevista que en el lugar donde permanecieron recluidos, “había personas con una inteligencia no solo académica si no con una inteligencia emocional bárbara, en mi caso soy internacionalista, había médicos, abogados, administradores, contadores, educadores, funcionarios públicos, trabajadores independientes, estudiantes, en fin, había un país completo, que simplemente quieren vivir libres”.
“Hay gente que mata y ofende y cree que no le va a pasar nada” – sentenció Alfredo Rodríguez– pero “el llamado es a que se haga justicia y exista justicia para todas aquellas personas, a quienes quizás no se le pueda resarcir la pena moral, la falta de honor, el escarnio y el sometimiento a la gran cantidad de comentarios ofensivos, homofóbicos y discriminatorios expuestos en redes sociales y demás plataformas”.
Pronunciamientos ante la injusticia
Una vez se hizo viral lo sucedido con los 33 hombres detenidos por la Policía Nacional Bolivariana en Carabobo, el apoyo y la solidaridad de las organizaciones de defensa de los DDHH, activistas de la comunidad LGTBIQ+, abogados, entre otros actores, no se hicieron esperar, Velásquez, destacó que desde el año 2021 funcionarios policiales han allanado cinco lugares de esparcimiento de la comunidad en el país: dos en Caracas, uno en Maracaibo, uno en Mérida y el realizado el pasado 23 de julio en Valencia. En las declaraciones ofrecidas al portal informativo Efecto Cocuyo el activista por los derechos LGBTIQ+ expresó su preocupación por la existencia de una agenda antiderecho “que está siendo financiada por las instituciones del Estado y que atenta contra de la vida, la dignidad y de la salud mental de los miembros de la comunidad”.
Richelle Briceño, abogada, educadora y activista, manifestó que este tipo de actuaciones pone en riesgo no solo las personas pertenecientes a la población LGTBIQ+ sino también cualquier persona que ejerza sus derechos y libertades sexuales tanto en lugares públicos como privados.
De igual manera, la A.C Venezuela Igualitaria rechazó en un comunicado lo sucedido: “esta acción del Estado y la colaboración de medios de comunicación, periodistas y RRSS no solo constituyen un delito de odio por su acción directa sobre las 33 personas detenidas, sino que es un mensaje simbólico que somete a violencia simbólica y psicológica a millones de personas LGBTI venezolanas”.
¿Cómo sigue el caso?
En relación con los pasos a seguir Velásquez mencionó “estamos actuando desde distintos espacios, algunos haciendo incidencia a través de los mecanismos de protección de derechos humanos, tanto universal como regional (…) y también hemos enviado comunicaciones e información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso. También hemos estado en contacto con organizaciones regionales LGBTIQ y europeas que han sido fundamentales en la denuncia de lo que esta sucediendo y en el atropello que esto significa contra los derechos humanos; por otra parte hoy se dio una protesta frente a los tribunales en Carabobo liderada por activistas de la zona y mañana se va a dar frente al Ministerio Público en Caracas otra protesta donde vamos a visibilizar a través del arte los atropellos que estamos que estamos viviendo, no solo los 33 si no la comunidad LGBTIQ en Venezuela”
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