En un contexto de miseria y violación sistemática de los derechos humanos, activistas y organizaciones que velan por los derechos de la población LGBTI denuncian la situación de tres mujeres trans encarceladas que, ante la falta de redes familiares, les falta comida, porque en Venezuela las personas presas comen si alguien de afuera les suministra los alimentos.
Hoy en día, es muy difícil que el Estado venezolano pueda ocultar la violación sistemática a los derechos humanos de las personas trans que viven en el país. Ya no le alcanza para cubrir con esmalte fino y propaganda la transfobia institucionalizada que reina después de 18 años de gobierno. Jau Ramírez, coordinador de activismo del Movimiento SOMOS comentó: “hay un ensañamiento y una transfobia institucionalizada en PoliMérida (Policía de Mérida)”.
Ramírez afirma que “el pasado 18 de enero fueron detenidas por PoliMérida tres jóvenes transgéneros mientras ejercían su trabajo en la Avenida 5 de la ciudad de Mérida, acusadas de presunto robo y agresión, en medio de constatadas irregularidades y abusos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado”.
En las redes sociales varias organizaciones de la sociedad civil denuncian que la detención se produjo tras la acusación de un individuo que afirmó haber sido agredido y robado por las chicas pero que, según las detenidas, se trata de un cliente frecuente. Ocurrió en horas de la noche, en medio de una escandalosa requisa en la que participaron cerca de treinta funcionarios de PoliMérida, quienes habrían revisado con aversión sin encontrar pruebas y golpeando a una de las involucradas, según testimonio de la afectada recogido por SOMOS. Fueron detenidas y llevadas a la comandancia, donde se encuentran desde hace más de dos meses.
El 21 de enero asistieron a audiencia ante el Tribunal Primero de Control en Mérida donde, pese a la cantidad de inconsistencias presentes en el caso, permanecieron detenidas. Desde entonces han vivido un calvario que las ha sometido a las debilidades del sistema judicial y penitenciario venezolano. El Movimiento SOMOS ha corroborado que en el expediente no aparecen reflejadas declaraciones de testigos, ni se han incluido pruebas forenses y tampoco existen elementos que justifiquen la detención, más allá de la acusación que presenta contradicciones.
Ensañamiento y una transfobia institucionalizada
Ramírez afirma que “esto ha sido frecuente, hemos documentado una serie de denuncias sobre los abusos de PoliMérida contra la comunidad trans que ejerce el trabajo sexual en el Centro de la Ciudad, estas denuncias van desde acoso, violencia, amenazas, extorsión y robo a ellas y a los clientes (…) hay un ensañamiento y una transfobia institucionalizada en PoliMérida. Esto no es un caso aislado, es una conducta sostenida y preocupante que vulnera los derechos de la comunidad trans que, en resumen, no existen para el Estado venezolano”.
En Venezuela no existe ningún dato oficial que dé cuenta de los asesinatos y abusos a los que son sometidas las mujeres trans. En este sentido, las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales, han podido mostrar la vida de estas mujeres solo con los datos visibles. Un estudio de Transrespeto versus Transfobia en el Mundo afirmó que en Venezuela, durante el año 2016, hubo 11 personas trans asesinadas, pero se sabe que son muchas más.
La situación carcelaria y el hambre
Ramírez también nos menciona que: “varias organizaciones de derechos humanos han constatado que en Venezuela la vida de las personas trans corren peligro cuando ingresan al sistema penitenciario, debido a que no hay respeto por la identidad de género autopercibida, si eres una mujer trans te encarcelan en una celda con hombres y viceversa, lo que aumenta muchísimos riesgos. (…) no se cumple el código orgánico penitenciario que exige a las fuerzas policiales resguardar la seguridad de estas personas y mantenerlas de manera aislada en otras celdas. En ocasiones ocurre y en otras no. En este caso ha ocurrido con una de las chicas que está aislada en una escalera, pero las otras dos están en un baño habilitado como celda, tomando en cuenta el contexto penitenciario de Venezuela que está marcado por el hacinamiento, la violencia, el retardo procesal y la impunidad. A esta situación se le suma el hecho que las personas trans en Venezuela no tienen derecho a la identidad y por tanto no tienen acceso a la educación, una familia, al reconocimiento jurídico, a la salud, entre otros”.
Además, afirma Ramírez, “el tema de apoyo familiar es muy difícil porque ha afectado su alimentación diaria; no tienen a un familiar directo que venga y las cuide, les ofrezca comida. La mayoría de esas acciones alimenticias las lleva a cabo la trans madre o la líder de la organización trans en Mérida que ha hecho un trabajo maravilloso de apoyo y ha sido el soporte fundamental para ellas dentro de lo difícil que es el tema alimenticio nacional (…)”.
Sin datos, sin institución
Es indudable que Venezuela se encuentra sumida en la peor crisis de su historia republicana. Tras 19 años de acumulación de poder en el ejecutivo, el deterioro de las garantías de derechos humanos junto a la destrucción sistemática de la institucionalidad. Dentro de este contexto, la situación carcelaria es particularmente vergonzosa. El último informe del Observatorio venezolano de prisiones resalta que durante el año 2014, siete internos murieron de alguna enfermedad asociada al sida y 150 murieron por riñas internas dentro de los penales. Sobre esto tampoco hay datos oficiales.
No hay datos, nadie da cuenta de lo que ocurre, nadie se hace responsable de la tragedia institucional que reina en el país. Frente al drama que se vive, la página oficial de Ministerio del Poder Popular para el Servicio penitenciario muestra información irrelevante con la que se intenta distraer la atención de los asuntos importanes.
Cerramos este artículo sumándonos al apoyo que manifiesta el movimiento SOMOS “por la situación de las personas trans” y al llamado por la liberación de estas mujeres.
Venezuela 
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