El Informe de la situación de la epidemia de VIH fue presentado de forma online, debido a la crisis global sanitaria derivada del COVID-19, y da cuenta de un panorama desolador ya que muestra que “los objetivos propuestos para 2020 no se cumplirán debido, en gran medida, a las respuestas desiguales entre los países de la región; además de reconocer que el COVID-19 estancaría los progresos alcanzados en la respuesta al VIH, especialmente en la expansión del acceso a la terapia antirretroviral.”
El informe del programa de las Naciones Unidas sobre el SIDA – ONUSIDA deja en evidencia cómo la pandemia de coronavirus podría afectar los suministros de medicamentos contra el VIH en países en desarrollo y debilitar así los avances conseguidos en décadas. El documento ofrece un panorama, en el cual más de un tercio de los países del mundo corren el riesgo de quedarse sin medicamentos, debido a interrupciones en las líneas de distribución; según el organismo internacional, “las cuarentenas están aumentando el riesgo de contraer el VIH en mujeres y niñas al limitar su acceso a la educación y la protección contra la violencia sexual.”
El informe del organismo especializado de la ONU, alerta que “demasiadas personas y poblaciones vulnerables se están quedando atrás”, y en su nota de prensa agrega que “ alrededor del 62% de las nuevas infecciones por el VIH ocurrieron entre las poblaciones clave y sus parejas sexuales, incluidos los hombres homosexuales y otros hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las trabajadoras sexuales, las personas que se inyectan drogas y las personas privadas de libertad”.
Según un reciente estudio de ONUSIDA, “en América Latina y el Caribe cinco de cada 10 personas que viven con VIH enfrentan dificultades para obtener su tratamiento antirretroviral. De las cuales sólo tres de cada 10 personas cuenta con medicamentos para más de dos meses, y el 49% sólo dispone para un mes. Actualmente, dos de cada 10 personas no tienen tratamiento suficiente, ni siquiera para terminar el mes.”
Cabe puntualizar que estos datos no son desconocidos para la sociedad civil, activistas y organizaciones de personas que viven con VIH han denunciado esta situación y han puesto en evidencia la precariedad social y el acceso desigual de la población trans y otras comunidades en las respuestas nacionales, agudizando la crisis sanitaria y humanitaria, aunque no se disponen de datos actualizados para medir su real magnitud e impacto.
ONUSIDA señala también “que el estigma y la discriminación, junto con otras desigualdades sociales y la exclusión, siguen demostrando ser barreras significativas, en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva”. Según la agencia, “el estigma contra las personas que viven con el VIH sigue siendo común: ya que en al menos en 82 países se penaliza alguna forma de transmisión, la exposición o no divulgación del status del VIH; mientras que el trabajo sexual sigue siendo criminalizado en al menos 103 países”.
El panorama resulta desalentador, ya que frente a una desigual respuesta al VIH, el coronavirus ha agravado el escenario, donde muchos países han tomado los presupuestos del VIH, destinándolos al abordaje del COVID 19, lo cual representa un serio obstáculo para alcanzar los objetivos 90/90/90 establecidos por ONUSIDA para el 2020 (el 90 por ciento de las personas con VIH conozca su estado serológico; que el 90% de las personas diagnosticadas reciba terapia antirretroviral, y que el 90% de quienes la reciben presente supresión viral).
Lo anterior se venía agravando incluso antes de la llegada del COVID-19, las acciones de prevención ya habían sufrido una reducción en los últimos meses y actualmente han disminuido aún más, pues muchos recursos humanos y económicos se han redirigido hacia la atención de la nueva pandemia. Sumado a ello, salvo algunas excepciones en diversos países, las organizaciones no gubernamentales que brindan servicios a las personas que viven VIH y poblaciones clave, han detenido sus labores debido a las medidas de cuarentena, lo que ha generado que la respuesta se debilite aún más, lo mismo ocurre en el caso de la detección, en estos momentos hay menos espacios donde acudir para hacerse una prueba de manera confidencial y gratuita.
El panorama laboral no es más favorable, pues incluso antes de la pandemia las poblaciones claves se enfrentaban a una constante violación a sus derechos laborales. Hoy, ante la pérdida de empleos o la reducción de ingresos, existen más dificultades en el acceso a trabajo y mayores posibilidades de perder servicios de seguridad social. Esto es especialmente grave en el caso del VIH, pues la efectividad de los tratamientos antirretrovirales depende en gran medida de recibir todos los medicamentos que los componen, así como de su continuidad y adherencia.
Por ello, el informe de la ONUSIDA, es también un llamado de alerta a los países de la región a garantizar que todas las personas con VIH tengan un acceso oportuno a los servicios de salud y a la continuidad de su tratamiento, sin problemas de desabastecimiento o fragmentación; también es fundamental retomar y reforzar las estrategias de prevención, detección y eliminación del estigmas y discriminación asociados al VIH, sobre todo entre el personal de salud, además de involucrar a las personas con VIH en la adecuación de protocolos que permitan garantizar medidas adecuadas y eficientes en el corto y mediano plazo.
Frente al COVID-19, son particularmente necesarios programas sociales que den respuesta al impacto negativo del empleo y la vivienda, además de generar mecanismos para que las organizaciones de la sociedad civil, centros comunitarios y clínicas especializadas cuenten con recursos para la prevención, atención, diagnóstico y acompañamiento, estas son medidas cruciales para atender los impactos diferenciados de la pandemia por COVID-19 en las personas que viven con VIH y otras poblaciones claves, a fin de contrarrestar el complejo panorama que enfrenta el VIH en la región.
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