En un conversatorio sobre tuberculosis (TB) y personas privadas de libertad, organizado por la Coalición de TB de las Américas, especialistas confirmaron el aumento de la incidencia de esta enfermedad en los centros penitenciarios del continente. En efecto, entre los años 2018 y 2019, de acuerdo con datos de Socios en Salud, el porcentaje de TB en personas privadas de libertad, en América Latina, pasó del 9,4 al 11,7 por ciento del total de casos diagnosticados.
Para enfrentar esta situación, los expositores recomendaron, entre otras medidas, la búsqueda activa en personas sin síntomas, dotar a las cárceles de equipos de PCR para TB, mejorar la coordinación entre los ministerios de Justicia, a cargo de estos establecimientos, y los ministerios de Salud para el diagnóstico y tratamiento, como también fortalecer la participación comunitaria para apoyar a los afectados por la pandemia y para denunciar las violaciones a los derechos humanos.
Alberto Colorado, coordinador de la Coalición de TB, abrió este conversatorio, que forma parte de un ciclo de encuentros sobre poblaciones no atendidas, que ya abordó a las personas trans y a los pueblos indígenas, con el testimonio de Albert, un venezolano que contrajo la TB en un centro penitenciario de su país y que ahora se encuentra en Colombia, aún con la enfermedad. En una carta dirigida a la Coalición denunció que, durante meses, vio como personas morían por tuberculosis en el centro carcelario donde estuvo sin recibir atención médica, lo que es una constante en toda la Región de las Américas.
Situación en las Américas
Leonardo Martínez, profesor asistente del departamento de epidemiología de la escuela de salud pública de la Universidad de Boston, presentó los resultados de un estudio que contó con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Junto con afirmar que la tasa de encarcelamiento crece en casi todos los países, detalló que en Perú, Paraguay, Venezuela y El Salvador la tasa de TB en personas privadas de la libertad supera los 2.000 casos por 100 mil y que el riesgo de contraer TB en personas privadas libertad, respecto a la población general, es 70 veces más alto en El Salvador, Venezuela y Paraguay.
Aseguró que el 11 por ciento de todos los casos de tuberculosis son diagnosticados en usuarios de centros penitenciarios de América Latina, a pesar que son solo el 1 por ciento de la población total. Recomendó que se avance en obtener más información epidemiológica para sustentar una respuesta sanitaria a esta situación.
El ingeniero Jaime Argueta, jefe del departamento de VIH y derechos humanos de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dio más detalles respecto a El Salvador. Explicó que hay más de 400 mil personas privadas de libertad y que la tasa de TB en esas personas para el 2020 fue de 2.275 casos por 100 mil, mientras que la tasa país es de 17,2. Opinó que, al parecer, conviven dos países distintos: uno dentro y otro fuera de los recintos penales.
Recomendaciones
Argueta enumeró una serie de recomendaciones para poder dar una mejor atención a esta población desatendida: que las personas en régimen sin visitas y recluidos en celdas tengan acceso a tratamiento y a buena alimentación; reducir la rotación del personal de salud capacitado, abordar la renuencia de la población penitenciaria a tomar medicamentos y entregar muestras de esputo, evitar las pérdidas de citas médicas en hospitales para internos por problemas de logística penitenciaria como falta de movilización, mejorar las condiciones de las áreas de aislamiento para personas con TB y que se cumpla con este periodo de aislamiento; no hacer traslados de personas con TB a otros centros ya que se interrumpe el tratamiento y hacer pesquisas de TB al ingreso de las personas a los centros.
Deccy González, bacterióloga e integrante del grupo de transmisibles del Instituto Nacional de Salud en Colombia, en base a un estudio de Socios en Salud, también propuso que debe haber una adecuada coordinación entre los ministerio de Salud y de Justicia o de interior, en la referencia y contrarreferencia de las personas con TB, implementar la prueba de PCR para TB dentro de los recintos penitenciarios y realizar búsquedas activas con apoyo de sociedad civil o en la consulta por síntomas.
Buenas experiencias
En el conversatorio también se presentaron dos experiencias exitosas desde la sociedad civil. La licenciada en enfermería Daniela Puma, presentó los resultados de la intervención “Warmi TB” de Socios en Salud, en centros penitenciarios de mujeres, con financiamiento de la Stop TB Partnership. Dijo que, durante la pandemia de covid-19, fueron a seis establecimientos de Perú, en Trujillo, Lima, Arequipa y Tacna, para hacer búsqueda activa de TB en mujeres con y sin síntomas. Para ello, fueron con un equipo móvil de rayos X, que se traslada en mochilas, y realizaron el test de PCR para TB a las mujeres que presentaron resultados alterados en sus radiografías de tórax, las que fueron objeto de lectura automatizada con el programa “Qure.ai”.
Las mujeres fueron invitadas de forma voluntaria, con el apoyo de las delegadas de los pabellones. Así, de 2 mil 35 personas tamizadas, fueron detectados 12 casos de TB, de los cuales 8 no tenía ningún síntoma de la enfermedad. Para obtener una muestra de esputo adecuada, en estos casos, las mujeres fueron educadas y se les apoyó con fisioterapia respiratoria.
Por su parte, Esmeralda Echeverri, defensora de derechos humanos de Colombia y directora de la fundación Movimiento Cárceles al Desnudo, manifestó que en su país los centros penitenciarios tienen un hacinamiento del 20 por ciento y que, a diario, reciben 30 denuncias, en su mayoría vinculadas a la violación del derecho a la salud. “Tenemos personas con enfermedades catastróficas como VIH, TB, cáncer, personas que se mueren esperando un tratamiento”, dijo.
Dijo que como ONG tienen un programa de televisión en donde dan a conocer estas denuncias. “Hemos mostrado cómo las cárceles son depósitos de personas en donde se mueren; no hay voluntad desde el Estado para replantear la política penitenciaria, para que no sea una condena de muerte, porque cuando se entra a una cárcel y se enferma, las personas están condenadas a muerte”, enfatizó Echeverri. De acuerdo a los datos oficiales que han podido obtener, el 2021, había mil personas privadas de libertad con TB de un total de 97 mil.
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