El estudio fue presentado en el foro “Avance y reconocimiento del Trabajo Sexual en Guatemala”, llevado a cabo por la Organización Mujeres en Superación, que coincidió con la visita de Elena Reynaga, Secretaria Ejecutiva de la Red Latinoamericana de Mujeres Trabajadoras Sexuales, procedente de Buenos Aires. En el foro participaron entidades nacionales como la Procuraduría de Derechos Humanos, la Red Legal y su Observatorio de DDHH y PEMAR, la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, La Comisión de la Mujer del Congreso de la República, organizaciones de la sociedad civil y agencias de Cooperación.
Roció Samayoa, coordinadora del Observatorio de DDHH, en VIH y PEMAR, dio a conocer los resultados del estudio realizado a diferentes instituciones del gobierno a quienes se les preguntó ¿cuáles son sus acciones a favor de políticas y DDHH que protejan a las mujeres trabajadoras sexuales?:
La Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH) es la Institución del Ejecutivo que coordina las acciones de los Ministerios e Instituciones del Organismo Ejecutivo, para hacer efectiva la vigencia y protección de los Derechos Humanos y señaló que: “En este marco, aún no se cuenta con recomendaciones con relación al trabajo sexual, COPREDEH continuará promoviendo espacios de diálogo para conocer desde las organizaciones la problemática de las mujeres trabajadoras sexuales del país”.
La Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM), instancia que asesora y coordina políticas públicas para promover el desarrollo integral de las mujeres guatemaltecas, inició ya con el fortalecimiento de estrategias y acciones que permitan visibilizar las necesidades de las mujeres trabajadoras sexuales: “Durante el segundo semestre de 2017, se contempla la consolidación de una agenda estratégica con mujeres trabajadoras sexuales, lo cual permitirá identificar las necesidades desde un enfoque de interseccionalidad y operativizar los compromisos institucionales”.
El Ministerio de Trabajo y Previsión Social, brindó acompañamiento para la creación y registro de un sindicato de trabajadoras sexuales. La Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) está llevando a cabo acciones para diferenciar prostitución de trabajo sexual.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social tiene también acciones definidas en temas de protocolo para la atención de VIH y da seguimiento a trabajadoras sexuales para que periódicamente puedan tener acceso a servicios de profilaxis.
El Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil tienen definidas líneas para la desarticulación de redes de trata de personas y eliminar el requerimiento del carnet (de salud) que las MTS estaban obligadas a presentar a la Policía.
La Institución del Procurador de los Derechos Humanos ha dado seguimiento y resolución a denuncias contra municipalidades que han implementado políticas de prohibiciones de permanencia en parques y calles de las MTS, interpuestas desde el año 2015. A la fecha se ha logrado un dictamen favorable, ya que esto estigmatiza a las trabajadoras sexuales y provocan persecución, contraviniendo los tratados y derechos humanos ratificados por Guatemala.
De entre las instancias intervenidas en el estudio, el Ministerio de Relaciones Exteriores queda a la cola, a él le corresponde la formulación de las políticas y la aplicación del régimen jurídico relativo a la relaciones del Estado de Guatemala con otros Estados y personas o instituciones jurídicas de derecho internacional; sin embargo, a pesar de las audiencias que se han tenido en Instancias internacionales de derechos humanos sobre la violación a derechos de las MTS, no tiene dentro de sus competencias el posicionamiento político y legal respecto al trabajo sexual en Guatemala, ni la implementación de acciones en favor del ejercicio de los derechos humanos de las mujeres trabajadoras sexuales en el país.
Una base normativa para el trabajo sexual
Adriana Carrillo, directora de Organización Mujeres en Superación, manifestó la necesidad de tener una Ley que regule el trabajo sexual en Guatemala, petición que se ha hecho llegar al diputado Edwin Noé Maldonado Lux, de la Comisión de la Mujer del Congreso de la República y a ONUSIDA, quienes manifestaron públicamente que brindarán apoyo técnico y financiero para esta propuesta.
El reto es elaborar una ley que contemple todas las modalidades del trabajo sexual, armar filiales con organizaciones de trabajadoras sexuales en todos los departamentos, que tengan una sede, una comisión de nivel local. Para Elena Reynaga, Guatemala ya tiene parte del camino avanzado porque cuenta con un sindicato legalizado, “deben enamorar a las pares, para que puedan actuar sobre los dueños de los negocios, y hacer valer esa gremial. Las mujeres trabajadoras sexuales deberían estar bien atendidas ya que son la materia prima en el trabajo sexual y no en las condiciones infrahumanas que actualmente se desarrolla el trabajo sexual”.
Sin bien ha habido avances en el contexto del trabajo sexual, como el derecho a organizarse legalmente, a diferenciar el trabajo sexual de la trata, y respetar los derechos de movilidad, eliminar mecanismos de coacción para revelar su identidad o diagnóstico por parte de la Policía, aún hace falta que otras instituciones del estado asuman su rol institucional. En ese contexto, OMES cuenta ya con una agenda política enfocada a la incidencia que se irá fortaleciendo con la materialización de una ley que regule el trabajo sexual.
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