Un tercio de la población mundial no tienen acceso a agua o agua segura, mucho menos a jabón. Una de las formas más eficientes de prevenir el contagio es el lavado de manos con jabón. Parece una medida muy accesible, en teoría, pero en la práctica no lo sería tanto; mucho menos comprar alcohol en gel, desinfectantes y tapabocas.
En aquellos países donde no se ha establecido en forma adecuada la contención de transmisión viral como la cuarentena o la introducción de medidas de distanciamiento social en lugares públicos, las personas están altamente expuestas al COVID-19. Empleados informales o precarios, el comportamiento irresponsable de una parte del sector privado y un débil control estatal exponen a las personas al contagio, debido a que es imposible asegurar el distanciamiento social de dos metros entre personas. Los transportes públicos atestados de pasajeros, los eventos sociales y religiosos son el caldo de cultivo para una eficiente transmisión del virus. El distanciamiento social en un porcentaje muy alto de la población no es una opción. Esto se ve exacerbado por un número significativo de personas que viven hacinados.
Uno de los principales factores de vulnerabilidad al COVID-19 es la pobreza y la precariedad habitacional y laboral.
Una cuestión de clase
Aun cuando los primeros casos de COVID19 entraron en los países a través de un aeropuerto, desde el momento que el contagio se volvió comunitario, el virus demostró su circulación transversal y democrática.
Las personas con acceso a recursos financieros pueden hacerse de elementos de protección personal y tomar medidas de mitigación de la exposición. Aquellas personas que pueden trabajar y estudiar desde sus casas pertenecen a una determinada clase socioeconómica. La mayor vulnerabilidad para la exposición y contagio tiene que ver con el acceso a los recursos.
En la mayoría de los países de nuestra región persiste una brecha digital, y a pesar de que se ha expandido el acceso a teléfonos inteligentes y datos, no todas las familias tienen internet en sus casas y un ordenador para que sus hijos continúen su educación por la vía virtual. Por supuesto, a menos recursos tenga una persona, más costosa será la conexión.
Una respuesta integral
Es encomiable como algunos países de la región han tomado decisiones de salud pública poco populares -como la cuarentena- para contener la circulación del virus y mejorar la capacidad de los sistemas de salud. Sin embargo, la respuesta ha sido exclusivamente médico-sanitaria. No abundan los ejemplos de países que hayan puesto a disposición programas sociales integrales para responder a la necesidades sociales, económicas y alimentarias básicas de los sectores populares. Algunos programas de ayuda y sistemas de subsidios requieren de ciudadanos bancarizados, con documentación y recursos personales para navegar los sistemas de apoyo social.
El enfriamiento de la economía y el consumo, el incremento del gasto público en salud y social y el significativo impacto en el sector privado agudizará el desempleo, la precariedad laboral y la pobreza. Muchas familias viven de ventas callejeras, pequeños emprendimientos de venta de servicios y alimentos. Todas estas iniciativas, independientemente de su grado de formalidad, desde un puesto callejero a un comercio con empleados que tributan impuestos probablemente no sobrevivan a la crisis. Como parte de la «nueva realidad», la economía post pandemia se caracterizará por un incremento significativo del desempleo.
Si pensamos en las personas trans y mujeres que ejercen el trabajo sexual, profesionales de un sector que no es reconocido como trabajo, vemos que no solo no pueden trabajar, sino que no tienen acceso alguno a los programas sociales y alimentarios durante la emergencia.
Salud o economía
Esta es sin lugar a duda una falsa dicotomía que se ha empleado hasta el cansancio para promover la inoportuna flexibilización de la cuarentena. Y aun cuando una persona enferma no puede trabajar, una persona en situación de pobreza no puede mantenerse sana durante la pandemia.
Aunque hemos sido testigos del significativo impacto del COVID19 en países desarrollados del norte, afectados en primera instancia, es pertinente señalar que estas naciones tienen margen para recuperarse de la crisis financiera resultante de la pandemia, a la vez que se preparan mejor para una segunda temporada, si fuera el caso. No será el caso para nuestros países.
Mirando a futuro
Nadie puede asegurar a ciencia cierta como va a evolucionar la pandemia y si el COVID-19 regresará a los países que fueran afectados al principio, en forma de una nueva ola o temporada. Esta no es solo una cuestión sanitaria, sino socioeconómica.
Si la pandemia nos da algún margen de tiempo para recomponernos, urge incidir políticamente para reparar la brecha del acceso a la salud y la protección social de las poblaciones más pobres y vulnerables. Ya podemos dar por aprendida la lección que el COVID-19 enferma más a los pobres y los empobrece aún más. Se debe reconocer, por ejemplo, que el trabajo sexual es trabajo, y que quienes se dedican a él deben ser incluidas(os) en los programas de ayuda social. Lo mismo podríamos decir de las personas con VIH y su vulnerabilidad social que reduce la posibilidad de adherir al tratamiento y mantener el VIH bajo control, indetectable.
En este contexto y en el plazo inmediato, debemos unir fuerzas con otros movimientos sociales para interpelar a los gobiernos para que amplíen una respuesta mucho más integral a la pandemia. El Estado no puede transferir la decisión a las familias sobre optar entre la salud o la comida. Las decisiones gubernamentales deben basarse en las evidencias y para ello requieren del apoyo de comités de expertos en salud, como también, comités económicos sociales. Muchos países de América Latina atraviesan una crisis macroeconómica importante, por eso la optimización de los recursos es -y será- la diferencia entre el número de personas afectadas y vidas perdidas.
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