Como una de las aristas de la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, la malaria va en aumento bajo la vista indolente del Estado. Al parecer, la corrupción, el aumento de la minería ilegal, las mafias y la poca inversión son la verdadera epidemia que se vive en el sur del país caribeño.
En enero de 2020 Médicos Sin Fronteras comentaba que “hace 50 años, Venezuela era uno de los principales países de América del Sur en la batalla contra la malaria. Sin embargo, hoy es el país más afectado de la región. Con más de 320.000 casos diagnosticados, la grave crisis económica y la consecuente quiebra del sistema de salud tuvieron un grave impacto”. En este sentido, José Félix Oletta, ex ministro de salud de Venezuela mencionó, en un reportaje para la Voz de América, que el país “tiene la mayor cantidad de casos mortales de malaria en el continente, pasamos de tener entre 2% y 3% a un 73%”.
Para marzo de 2021, la minería y deforestación alimentan focos de malaria en Venezuela, principalmente al sur del río Orinoco, en el municipio Sifontes del estado Bolívar, que reúne más de 60% de los casos de la última década. Sifontes ha perdido, desde 2007, más de 3.058 hectáreas de bosques debido sobre todo a la minería ilegal. “El minero, al deforestar para extraer oro, genera lagunas artificiales, hábitats para el mosquito anófeles, transmisor de la malaria”, explicó a SciDev.Net María Eugenia Grillet, investigadora del Instituto de Zoología y Ecología Tropical de la Universidad Central de Venezuela y autora principal de la investigación Malaria en el sur de Venezuela: el punto más caliente de América, publicado en enero de 2021
Los datos también muestran que la mayoría de los afectados fueron hombres entre 21 y 40 años, y que aproximadamente seis de cada 10 de estos se dedicaban a la minería.
Si bien desde 2017 el Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela publicó unas Pautas de tratamiento en Casos de Malaria, Oswaldo Cabrera médico sanitarista de la zona menciona que “el tratamiento se usa prácticamente como moneda en los sectores mineros (…) que, además, es una zona controlada por grupos irregulares”. Esta información es confirmada por Penélope Suarez, enfermera que ha atendido muchos casos en Puerto Ordaz, estado Bolívar, quien para una entrevista a Corresponsales Clave dijo que “El tratamiento para el paludismo por ley tiene que ser distribuido por el Estado, pero como ya sabemos cómo es la situación en Venezuela se comercializa mucho, sobre todo en el área de las minas que es donde más se ve el paludismo (malaria). Mucha gente los vende o los cambia por oro. En general no hay tratamiento disponible para todo el que lo necesite. La corrupción con el tratamiento es muy grande, incluso dentro del ministerio de salud. Entonces tu encuentras a gente que por Facebook vende el tratamiento para el paludismo (malaria). En la zona lo cambian por oro, dólares, gasolina, lo que necesiten en el momento (…) a veces también pasa que no hay reactivo para el diagnóstico, aunque se sabía que era malaria, pero sin el examen no podías hacer nada porque (en el Ministerio) no te liberaban el medicamento, entonces les tenías que pedir que compraran por su cuenta, carísimos, cuando llegaban con la medicina era la del ministerio. Puro contrabando”.
El estado Bolívar, el estado más grande de Venezuela, se destaca por el aumento de la minería ilegal motivada de la crisis humanitaria compleja que atraviesa el país. En muchos casos se ve esta actividad como una última oportunidad para ganarse la vida antes de volver a casa o huir a Brasil, lo que explica por qué esta enfermedad se ha expandido hacia otros estados del país donde alguna vez estuvo erradicada.
SciDev.Net, también menciona que “el cuadro se hace aún más complejo cuando se le suma la migración masiva que se ha producido desde Venezuela, pues también afecta los esfuerzos para el control de la enfermedad de países vecinos como Brasil, Colombia y Guyana”.
Para hacer más complejo el escenario, durante 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) indicó que las acciones impuestas debido a la pandemia de COVID-19, como por ejemplo las instrucciones de permanecer en casa ante síntomas leves (fiebre), los cambios en las redes de salud, la ausencia de sospecha de malaria por parte de equipos de respuesta y en los triajes de COVID-19 en las unidades de salud, la reducción del personal de malaria para dedicarse a actividades relacionadas con COVID-19, la interrupción de las actividades de los colaboradores voluntarios (restricciones de movilidad de pacientes y trabajadores de salud) y la reducción de actividades de detección de casos por limitaciones en instaurar medidas de protección personal. Agravaron el cuadro de atención en diferentes países, incluyendo Venezuela.
Partiendo de este contexto, y pensando en la respuesta a la enfermedad, el médico Juan Carlos Gabaldón, investigador de la Universidad de Navarra, en España, especializado en malaria, entrevistado por el medio arriba mencionado, afirma que la detección de los focos de la epidemia ayuda a que la inversión tenga mayor impacto, aunque los recursos sean limitados. Igualmente, la estrategia de control debería incluir, también, la activación de centros para el monitoreo y la atención de salud de los migrantes durante su tránsito, y para ello hace falta cooperación transfronteriza.
El deterioro del país a todos los niveles trae consecuencias nefastas para las personas que habitan su territorio, y afecta de manera considerable a otros países de la Región. Se hace urgente que se tomen medidas y que haya mayor inversión, pero también fiscalización de los recursos para evitar que la corrupción se siga apoderando de los espacios que buscan dar respuesta a la Malaria en Venezuela. En función de lo aportado por Oletta, para disminuir de manera considerable los focos de la enfermedad, se requiere de trabajo constante por al menos cuatro años, lo que nos lleva a pensar en la necesidad de comenzar “ayer” para que Venezuela vuelva a ser un territorio libre de malaria.
Venezuela 
Añadir comentario